El Parlamento de Extremadura interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, planteada por el Gobierno central.
La iniciativa para interponer este recurso de inconstitucionalidad ha sido presentada de forma conjunta por todos los grupos parlamentarios de la oposición en el Parlamento extremeño, PSOE, IU y Prex-Crex, y por tanto ha salido adelante con la mayoría absoluta de la Cámara regional, frente a los votos en contra del Grupo Popular.
La presentación de este recurso ha sido aprobada en el pleno de este jueves, en el que también se ha acordado que los representantes del Parlamento extremeño ante el Tribunal Constitucional serán los portavoces de los grupos de PSOE, IU y Prex-Crex, Valentín García, Pedro Escobar y Damián Beneyto, respectivamente.
JUSTIFICACIÓN DE LA OPOSICIÓN
En la justificación de esta iniciativa, el portavoz del Grupo Parlamentario Prex-Crex, Damián Beneyto, ha tachado de "mala ley para Extremadura" la Ley de Administración Local, ya que la región extremeña tiene muchos municipios muy pequeños, y esta norma "quita autonomía" a los ayuntamientos en favor de las diputaciones.
Beneyto ha señalado que esta ley "vulnera el principio democrático en el ámbito local", ya que establece que si en el pleno municipal no hay acuerdo, el equipo de gobierno podrá tomar las decisiones, por lo que "hurta a la oposición el control" de la labor del ejecutivo.
"Solo por estas dos razones, esta ley ya es inconstitucional", ha señalado Beneyto, quien ha añadido que "esta ley no resuelve la financiación de los ayuntamientos", por lo que se trata de una norma "inútil" porque "no resuelve el principal problema de estas administraciones".
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Pedro Escobar, ve "múltiples razones" para presentar un recurso de inconstitucionalidad a esta ley de administración local.
Para Escobar, es necesario racionalizar la administración local, pero "no es el sentido en el que se está haciendo" por parte del Gobierno central, sino que ha apostado por "consolidar el tercer nivel de descentralización desde la administración autonómica hasta los ayuntamientos"
"La administración local hasta ahora ha funcionado relativamente, pero no pueden tomar decisiones que pueden condicionar la vida de los ayuntamientos", ha señalado Escobar, quien ha considerado que esta reforma "va a crear más problemas de los ya hay", por lo que esta ley "debe ser guardada en un cajón".
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, esta ley "vulnera gravemente los derechos de los ciudadanos", y además "no aborda" el "principal problema" que tienen los ayuntamientos que es la financiación local.
García ha destacado que es un "hecho extraordinario" que la Asamblea de Extremadura presente un recurso de inscontitucionalidad contra una ley del gobierno central, al igual que es un "hecho extraordinario" que en el Congreso, todos los grupos de la oposición estén "unidos" contra este ley, como ha ocurrido en el Parlamento regional.
Una reforma de la ley que "vulnera el Estatuto de Autonomía", ya que "vulnera las competencias de la CCAA respecto a los ayuntamientos", y además, según ha apuntado, "despoja a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de sus competencias" que "deposita" en las diputaciones provinciales, con lo cual "está llamando claramente a la privatización"
De esta forma, señala Valentín García, con esta ley "se va a sacrificar a los ayuntamientos como las administraciones que son las culpables del déficit en este país", cuando son "los que menos déficit y deudas generan", y además "las grandes empresas se están frotando las manos porque ven una oportunidad de privatización".
Una de las consecuencias es que "se va a romper el equilibrio entre el mundo rural y urbano", y además "aleja la administración de los ciudadanos", ha vaticinado Valentín García, quien ha concluido aseverando que es una ley "mala para los ciudadanos", ya que va a servir para que "paguen más tasas y más impuestos y reciban menos servicios".
EL PP RECHAZA EL RECURSO
Finalmente, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, ha considerado "absolutamente necesaria" esta reforma de la administración local, que busca la "eficiencia" de los ayuntamientos bajo el principio de "no gastar más de lo que se tiene" y "pagar lo que se debe".
Cantero ha acusado al PSOE de "romper el consenso" sobre esta ley, que según ha defendido el portavoz del PP, "clarifica las competencias, evita duplicidades, simplifica la estructura y protege esa financiación legal".
En ese sentido, el portavoz del PP ha invitado a la oposición a que "no continúen engañando al ciudadano y a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", ha señalado Cantero, quien ha apuntado que "no se va en contra de la administración local ni del principio democrático".
JUSTIFICACIÓN DEL RECURSO
En la iniciativa presentada por los tres grupos de la oposición, se justifica la presentación de este recurso de inconstitucionalidad porque "lejos de acometer una reforma de la administración local bajo las premisas de la sostenibilidad financiera o la distribución clara de competencias", la realidad es que esta norma "se configura como un instrumento legal contra la autonomía local y contra la voluntad popular expresada en las urnas".
Señalan en su iniciativa que esta ley "no resuelve los principales problemas que aquejan a la administración local", ya que "ni clarifica las competencias, ni evita duplicidades, ni simplifica la estructura ni aborda el principal problema de los ayuntamientos, que es la financiación local".
Añade esta iniciativa que la ley "logrará despojar de las competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", que suponen el 95 por ciento, y propicia "la privatización de los servicios públicos que aquellos prestan y suponiendo un riesgo serio de destrucción de empleo público en las zonas rurales de nuestro país".
Los grupos parlamentarios firmantes consideran esta ley "invade competencias" de la Comunidad Autónoma de Extremadura contenidas en el Estatuto de Autonomía en lo referente al Título IV de la Organización Territorial, que establece "competencias en los procedimientos de creación, fusión, segregación y supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales".
