El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que el Gobierno no ha indultado a ningún político que se haya "llevado dinero al bolsillo" y que esa política se mantendrá porque es una "decisión firme" del Ejecutivo del PP.
Ruiz Gallardón hizo estas declaraciones en el Congreso a raíz de que la oposición le tachara de mentiroso por afirmar este miércoles que el Gobierno no concede indultos en delitos de corrupción. Según Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, como poco ha utilizado esta medida de gracia en una decenas de casos vinculados con corrupción política.
El titular de Justicia ha querido precisar que la corrupción no es un concepto jurídico que esté delimitado en el Código Penal y que sus palabras se referían a una pregunta concreta sobre políticos que se llevan al bolsillo dinero público.
JAMÁS
"En España ningún político que se haya llevado el dinero a su bolsillo ha tenido un indulto ni lo va a tener --ha remarcado en los pasillos del Congreso--. Ningún político que se lleve un solo euro a su bolsillo será jamás indultado. Ni lo han sido, ni lo van a ser. Es decisión firme del Gobierno".
Gallardón ha defendido la figura del indulto subrayando que es una medida que adapta a la realidad una previsión del legislador que no es capaz de advertir todas las circunstancias de una condena, muchas de ellas sobrevenidas. Además, ha querido dejar claro que el 96% de los indultos que concede el Gobierno del PP tienen la conformidad de la sala sentenciadora o del ministerio fiscal.
En una reciente respuesta parlamentaria a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, el Gobierno de Mariano Rajoy aseguraba haber rechazado un total de 49 peticiones de indulto durante 2013 por delitos contra la Administración Pública y de Justicia y garantizaba que aquellos que sí concedió de forma "puntual" no afectan a su objetivo de "erradicar la corrupción".
Rosa Díez se interesaba en concreto por el indulto que concedió el Gobierno el pasado 3 de septiembre a una condenada a tres años de prisión por malversación de bienes públicos. Se trata de María Dolores Mateos Sánchez, miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla y colaboradora de un diputado autonómico socialista imputado en el caso del escándalo de los ERE en Andalucía.
UN CASO CONCRETO DE MALVERSACIÓN
En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo explicaba que acordó el indulto de Mateos Sánchez "absolutamente de acuerdo" con el parecer manifestado tanto por el Tribunal sentenciador como por el Ministerio Fiscal, que en sus informes favorables a la concesión de esa medida de gracia resaltaban el tiempo transcurrido desde la comisión del delito y la posibilidad de propiciar la suspensión de la condena a fin de evitar su ingreso en prisión.
Además, apuntaba que para la concesión del indulto se tuvieron en cuenta "numerosos factores", entre los que destaca la ausencia de antecedentes penales y policiales, la íntegra satisfacción de las responsabilidades civiles impuestas en sentencia, así como el mencionado informe favorable por parte del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal.
Dicho esto, el Gobierno deja claro en su texto que el indulto no supone una "exoneración" de la "gravedad" de los delitos cometidos, ni de su "importancia", ni del "reproche social" que "merecen" tales hechos.
"Delitos como el de malversación son recriminables por parte de la sociedad, pero la concesión del indulto tiene la capacidad de moldear los posibles efectos penitenciarios sobre los condenados --subraya--. No se indulta el delito, pues el delito ha sido cometidos y así se ha dictado en sentencia judicial firme, lo que se indulta es una parte de la condena impuesta".
