Los grupos de la oposición siguen poniendo reparos a la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado (LAESE), proyecto estrella del jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, que este jueves aprobará definitivamente el Congreso de los Diputados.

   Aunque en su trámite en el Senado el PP accedió a hacer alguna concesión a los socialistas y a los nacionalistas de CiU y PNV para limitar la obligación de que los altos cargos de las Comunidades Autónomas tengan que comunicar previamente a Exteriores sus viajes al extranjero (fuera de la UE), la oposición no ha quedado satisfecha.

   El Pleno del Congreso ha debatido este jueves el texto por última vez, que siguen rechazan el PSOE, los nacionalistas de CiU y PNV, los independentistas de ERC y la Izquierda Plural por su "afán" de "controlar" la acción exterior de las Comunidades Autónomas. A UPyD, en cambio, la ley no le gusta porque no controla como debería la actividad internacional de las autonomías.

"BARRERAS Y DESCONFIANZA"

   Para el diputado del PSOE Alex Sáez, el proyecto de ley está "trufado de barreras y desconfianza a las Comunidades Autónomas" y apuesta por un enfoque "centralista" en lugar de crear, como propusieron los socialistas, "mecanismos de diálogo y coordinación" entre los diferentes actores del Estado que hoy en día despliegan una acción exterior.

   Sáez también ha echado en falta más menciones en la ley a los principios que deben guiar la política exterior española, como la "promoción de la paz" o el "multilateralismo" y ha denunciado que en la negociación se haya "ninguneado" las propuestas que hicieron los sindicatos en relación con el personal del servicio exterior.

   Los nacionalistas de CiU y PNV se han quejado de que la obligación legal que a partir de la aprobación de esta ley tendrán los presidentes y consejeros autonómicos de comunicar con antelación a Exteriores sus viajes fuera de la UE se extienda también a los altos cargos de los ayuntamientos porque, han advertido, esto será imposible de "fiscalizar" por su alto número.

SU APLICACIÓN SERÁ UN "CAOS"

   "El afán desmedido (del Gobierno) por controlar ámbitos que no le corresponden llevará a un caos práctico en la aplicación de esta ley", ha advertido el diputado del PNV Aitor Esteban, mientras que Jordi Xuclà (CiU) ha arremetido contra la tramitación "pésima" de una ley que "no tiene relato" porque el ministro que debía dirigirla, ha dicho, "dedica su energía a otros asuntos" elaborando informes "apocalípticos" sobre la independencia de Cataluña.

   Para la Izquierda Plural, esta ley "da la espalda a las CCAA, levanta una barrera entre el Estado central y las CCAA" y supone un "paso más" en la "recentralización" puesta en marcha, en su opinión, por el Gobierno de Mariano Rajoy desde el inicio de la legislatura.

   El diputado de IU Joan Josep Nuet también ha denunciado que el proyecto de ley asestará una "nueva puñalada" a los trabajadores del servicio exterior al no haber incorporado las propuestas planteadas por los sindicatos.

   Para ERC, el proyecto de ley "intenta cercenar la posibilidad de las CCAA de interlocutar con el mundo". "No nos importa demasiado", ha señalado Joan Tardà pues los catalanes ejercerán "el derecho a decidir" y, a pesar de leyes como ésta, el Gobierno no podrá "poner puertas al campo".

   A UPyD tampoco le satisface la norma, pero a diferencia de los grupos anteriores la formación 'magenta' critica que la ley no otorgue al Gobierno la potestad de "corregir" aquellas actuaciones de las CCAA que perjudiquen la política exterior española, que dirige en exclusiva el Gobierno.

   La diputada de Irene Lozano ha echado en cara a los 'populares' haber intentado negociar la ley con los nacionalistas en lugar de con su grupo, porque al final acabarán votando "solos" a favor de la ley al no haber contentado ni a unos ni a otros.

LA PRIMERA LEY EN 35 AÑOS

   El PP, por boca de su portavoz de Exteriores, José María Beneyto, ha negado que la ley pretenda "recortas competencias" cuando tiene solo "dos artículos" dedicados a las CCAA.

   Entre las novedades que aporta la norma, ha destacado que se avanza en el control parlamentario, estableciendo la obligación de que el ministro tenga al menos un debate anual en el Parlamento para hacer balance de la política exterior o la posibilidad de que el Congreso pueda solicitar la comparecencia de un embajador tras ser nombrado para que explique sobre los objetivos de su misión.

   "Recoge --ha resumido-- 35 años de intentos de llegar a una ley así", en alusión al empeño infructuoso de todos los ministros de Exteriores de la democracia por sacar adelante una norma de este tipo.