El presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, también se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por "pérdida de confianza" en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en febrero pasado rechazó la nulidad de la causa y validó las escuchas que iniciaron la investigación, informaron fuentes jurídicas.
Correa, que ha comparecido junto al resto de cabecillas de la red para realizar las alegaciones que considerara oportunas en la recta final de la instrucción, ha permanecido apenas unos minutos ante Ruz para decir que, tras la inhabilitación del primer juez instructor, Baltasar Garzón, confiaba en que la causa fuera "archivada".
El presunto líder de la trama 'Gürtel' ha llegado a la sede del tribunal diez minutos antes del mediodía con aspecto relajado y sonriente a bordo de un BMW X5 conducido por otra persona. Vestido con chaqueta azul y corbata, incluso se ha dado la vuelta y ha posado saludando a los fotógrafos que le esperaban a las puertas del tribunal. A su salida, acompañado de su abogado, José Antonio Choclán, ha musitado la razón por la que no había declarado: "Pérdida de confianza".
El empresario, que fue detenido en febrero de 2009 por orden de Garzón y estuvo en prisión hasta junio de 2012, es, según los investigadores, el líder de la red 'Gürtel', que se dedicó entre los años 2000 y 2009 a obtener adjudicaciones públicas, fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, a cambio de la entrega de dádivas y sobornos a funcionarios y cargos públicos.
Correa, que se hizo llamar 'Don Vito' --como el protagonista de 'El Padrino'-- en la contabilidad interna de la red, declaró por primera vez en la Audiencia Nacional el 9 de febrero de 2009, tres días después de que Garzón ordenara su detención.
Entonces aseguró, entre otras cosas, que el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, participó en los trámites de una recalificación en Alicante y que el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos le "dio una cuenta en AENA". A su salida del juzgado apuntó: "Estoy bien jodido".
'EL BIGOTES' TAMPOCO DECLARA
También ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional el responsable de la trama 'Gürtel' en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', que también se ha negado a declarar alegando que no se le había notificado de forma oficial la citación judicial.
'El Bigotes', responsable de la empresa de la red Orange Market, ha permanecido en la sala de interrogatorios poco más de diez minutos y ha sido recogido por un coche a la puerta de las dependencias judiciales.
Pérez se encargó de la organización de los actos electorales del PP durante los Gobiernos de José María Aznar y pagó varios servicios en la boda de su hija con Alejandro Agag, que se celebró en el monasterio de El Escorial en septiembre de 2002. En 2004, cuando la nueva dirección del PP adjudicó sus contratos a otras empresas, trasladó su actividad a la Comunidad Valenciana, donde fue nombrado responsable de la filial Orange Market.
En su primera declaración ante el juez Baltasar Garzón, que se produjo el 12 de febrero de 2009, fue preguntado por la identidad de 'Luis el cabrón', al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional identifica con el extesorero del PP Luis Bárcenas. "Es que no, me estoy quedando sin respiración --respondió--. No sé quién es 'Luis el cabrón', no sé quién...".
DECLARACIÓN DE CRESPO
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 comenzó este miércoles a interrogar a los cabecillas de la trama con la declaración del exsecretario de Organización del PP de Galicia y número de dos de la trama, Pablo Crespo, quien ha asegurado que las siglas 'PAC' corresponden a Correa y no a Francisco (Paco) Álvarez Cascos y que 'Luis el cabrón' no es Bárcenas.
El viernes finalizarán las declaraciones con el testimonio del contable de la organización, José Luis Izquierdo, al que se incautó el 'pen drive' en el que se detallaba toda la contabilidad B de las empresas de la red 'Gürtel'.
Los cuatro están imputados por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad y blanqueo de capitales. El magistrado celebra estos interrogatorios "en aras a la averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de la presente instrucción, así como para garantizar el correcto desenvolvimiento del derecho de defensa", tal y como recogía en un auto dictado el pasado 11 de marzo.
