Acusaciones particulares y la popular personadas en la causa en la que se investigan las cuotas participativas emitidas por la extinta CAM han pedido al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, el embargo preventivo o la imposición de una fianza de 24,5 millones de euros al Banco Sabadell para que pudiera hacer frente a las responsabilidades civiles en que pudiera incurrir de ser condenado en esta causa. Aducen que el proceso soberanista podría afectar al patrimonio de la entidad.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que es necesario asegurar la garantía suficiente "dada la crisis económica, la de Europa, y añadidas las pretensiones políticas de la comunidad catalana en pedir la independencia, que afectaría en breve al patrimonio del Banco Sabadell, y con ello a las víctimas (*) pues dicha entidad tiene su domicilio social en Barcelona".
La petición es consecuencia de la decisión adoptada el pasado 13 de junio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que acordó ampliar al Banco Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas que comercializó Caja Mediterráneo (CAM), que hasta ahora afrontaba en solitario la fundación de la entidad.
Solicita además esta parte que el embargo preventivo se realice sobre el depósito constituido por el Sabadell ante el Banco de España para poder operar como entidad financiera en España "y en caso contrario sobre los títulos que cotizan en las bolsas norteamericanas, de Wall Street y las bolsas del Estado de Florida", así como en las bolsas españolas.
Para ello, demandan al juez Gómez Bermúdez que envíe los correspondientes oficios al responsable de las bolsas norteamericanas y a las de Barcelona, Madrid y Valencia, así como al responsable del mercado secundario español "para que embarguen títulos, acciones y demás productos financieros que coticen a favor del Banco Sabadell salvo que aporten fianzas económicas" en la cuenta del Juzgado.
VACÍO PATRIMONIAL DE LA CAM
Todo ello, según señala esta parte, "ante el vacío patrimonial que tiene actualmente la extinta CAM y los posibles riesgos tan altos que tienen las entidades que han absorbido otras que habían sido nacionalizadas, como el Banco Sabadell".
Aducen que el Sabadell obtuvo por cuenta de la CAM 5.249 millones de euros además del "colchón" que se firmó sobre el esquema de protección de activos para las deudas que surgieran después de la subasta de la entidad valenciana.
Dicen también que el Sabadell "no puede obtener todos los beneficios del Estado español y después no obligarse o responsabilizarse de las obligaciones que tenía que haber adquirido" y que "una voluntad política de independizarse, eximirse de dichas posibilidades".
55.000 AFECTADOS
Gómez Bermúdez investiga desde septiembre de 2012 las cuotas participativas emitidas por la CAM en una pieza separada de la causa principal, en la que están imputados los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de Recursos y Planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, respectivamente.
La investigación sobre las cuotas participativas, que también está dirigida contra la cúpula de la entidad, se inició a partir de una querella presentada en marzo de 2012 por 300 clientes de la entidad que acusaban a los antiguos gestores de la CAM de haber estafado a más de 55.000 personas con la "venta planificada y sistemática" de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada tras facilitar "información falsa".
La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España y en diciembre de 2011 el Sabadell se la adjudicó por un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
