Las tres décadas de España en la Unión Europea le han permitido crecer junto a las demás democracias y avanzar en lo económico y social, pero con la grave crisis de 2008 también ha tenido que pagar el precio de una mayor integración que le obligó a acometer ajustes y reformas por exigencia de sus socios.
La España de 2016 es muy distinta a la del 1 de enero de 1986, cuando se incorporó de manera efectiva a las entonces llamadas Comunidades Europeas.
Las cifras muestran que ha modernizado su economía y potenciado su desarrollo, aunque el freno inevitable de la crisis económica ha ralentizado los avances en los últimos siete años, y el paro sigue siendo el principal reto de España, aún 30 años después.
Desde 1986 hasta hoy más de 150.000 millones de euros de fondos regionales -un auténtico Plan Marshall europeo- han ayudado a la construcción de infraestructuras básicas y la modernización de la economía española.
En el plano político, España no ha dejado de contribuir al proyecto europeo desde el primer día impulsando políticas clave como la de cohesión, la ciudadanía europea, la lucha antiterrorista y la euroorden de detención, o el impulso a las relaciones con Latinoamérica y la ribera sur del Mediterráneo.
Durante diez años (1999-2009), un español, el exministro socialista Javier Solana, encabezó la política exterior y de seguridad europea.
Y por tres veces un español ha presidido el Parlamento Europeo: el socialista Enrique Barón (1989-1992), el democristiano José María Gil Robles (1997-1999) y el también socialista Josep Borrell (2004-2007).
Eurodiputados españoles de los principales grupos políticos consultados por Efe coinciden en que la integración ha sido positiva para España en términos generales, aunque el proyecto europeo está aún incompleto.
En las filas del PP, Esteban González Pons piensa que "desgraciadamente, los españoles siguen viendo Europa muy lejos, y deben asumir más responsabilidad sobre el peso que tiene España en la política europea".
Para el socialista Sergio Gutiérrez, "España no tiene hoy la voz que le corresponde en la UE", con solo un español en la primera fila política, el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.
PP y PSOE sí coinciden en que la integración "ha sido positiva en términos económicos y sociales".
España recibe de Europa aún más dinero del que aporta: 14.497,78 millones frente a una contribución de 13.757,60 millones de euros prevista en los presupuestos de 2016.
El PIB de España se ha doblado desde su entrada en la UE, al pasar de 476.400 millones de euros a 1.041.160 millones en 2014, y también ha recortado distancias con respecto a la media europea: si en 1986 su PIB era un 72 % de la media comunitaria (con doce estados miembros), ahora se sitúa en el 94 % (con 28 estados).
El salario mínimo es tres veces mayor al de 1986 y ha pasado -sin los efectos de la inflación- de 241,25 euros mensuales (40.140 pesetas) a 764,42 (655,20 en 14 pagas, 9.173 euros brutos anuales).
La renta per cápita a precios corrientes ha pasado de 5.405 euros anuales a 22.407, según la OCDE.
Fruto de su integración en un mercado común, España ha multiplicado su capacidad exportadora, con un volumen de ventas exteriores ocho veces mayor, tanto dentro como fuera de la UE.
No obstante, la fotografía del paro en España no ha mejorado comparado con hace treinta años.
A finales de 1985, la tasa de desempleo era del 20,58 %, una cifra inferior a la del tercer trimestre de 2015, del 21,18 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Un paro que golpea especialmente a los jóvenes españoles, con una tasa del 47,7 %, solo similar a la de Grecia, según los últimos datos de Eurostat y más de dos veces superior a la media europea.
Y de acuerdo con el último informe de la OCDE, los jóvenes españoles tardan hasta seis años en encontrar un empleo indefinido frente a los dos que necesitan los daneses de entre 15 y 24 años.
España, al igual que los demás Estados miembros, ha visto además en estos 30 años cómo la cada vez mayor integración que experimenta el club comunitario y sobre todo la eurozona ha significado para el país una cesión de soberanía y una menor capacidad de control sobre sus decisiones económicas.
Es el resultado directo de la crisis económica y financiera a nivel de la eurozona y del rescate a la banca con problemas en 2012.
No obstante, para el diputado de Ciudadanos Javier Nart "hay un antes y un después", simbolizado por el año 1986, y el de hoy es un país mejor aunque con retos evidentes.
La versión más crítica llega de la extrema izquierda, que aboga por "reformular el modelo de Europa", en el que la prioridad "no sean los mercados, sino una política social común", afirma la parlamentaria de Izquierda Unida Marina Albiol.
