La secretaria de Coordinación de Áreas de Podemos, Irene Montero, ha subrayado este viernes que el Tribunal Supremo ha dictaminado en tres ocasiones que el partido 'morado' tiene su financiación en orden y que las acusaciones de financiación por Venezuela son "mentira".
Montero ha respondido así a la información publicada por 'ABC' y 'Okdiario', según la cual el exministro venezolano Rafael Isea, hoy testigo protegido de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), ha confirmado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía que el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, con la que colaboraron varios miembros de Podemos.
La dirección del partido siempre ha insistido en que éste no tiene ninguna relación con la fundación. Que Venezuela haya financiado a Podemos, ha dicho Montero, "es falso". "No alude a la financiación de Podemos, Podemos no tiene nada que ver", ha remachado.
Además, en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, ha recalcado que el documento de esa declaración no viene firmado por ninguna autoridad de la UDEF y ha añadido que hay altos cargos de la Polícia que se han quejado por "el uso de una institución que es de todos".
Y ha añadido que la UDEF no puede investigar porque no hay ningún proceso judicial abierto, una extrañeza que ya expresó el jueves su compañero en la dirección de Podemos, Rafael Mayoral.
En todo caso, ha insistido en que Podemos está abierto a que se le investigue, porque sus cuentas están en orden, y ha añadido que "ojalá se hubiera investigado igual a todos los partidos", entre ellos el PP que está en el Gobierno y se han desvelado varios casos de corrupción en sus filas.
CARGA CONTRA EL JUEZ ALBA
La dirigente de Podemos ha enmarcado esta información en lo que ha llamado "la máquina del fango" contra su partido y ha subrayado que Podemos está decidido a seguir adelante con su proyecto, cuya "esencia" es que las instituciones "sean de todos, que un jefe de la Policía no pueda criticar a un adversario político o que no pueda haber un juez que fabrique pruebas porque una compañera de un paso de dedicarse a la política".
Montero aludía, en este caso, a las grabaciones en las que el juez Santiago Alba, que sustituyó a la exdiputada de Podemos Victoria Rosell al frente del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, prepara una declaración con un imputado para facilitar que el Tribunal Supremo admita una causa contra ella.
"El hecho de que un juez fabrique pruebas para intentar dañar a una persona es intolerable en democracia", ha afirmado, recalcando que ese caso no daña a la juez Rosell, o a Podemos, sino "a la democracia". El juez Alba, ha dicho, debe ser investigado y asumir responsabilidades.
