El Gobierno de Mariano Rajoy cumplirá mañana 200 días en funciones a la espera de que las negociaciones tras las elecciones del 26 de junio desemboquen en un acuerdo que permita la formación de un nuevo ejecutivo.
Rajoy y los doce miembros de su Gabinete se encuentran en funciones desde los comicios generales del 20 de diciembre, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el cese de todos ellos.
Es la denominada Ley del Gobierno, que data de 1997 y que ha experimentado desde entonces diversas revisiones parciales, la que señala que el Ejecutivo cesa tras los comicios generales aunque continúa en funciones con una serie de limitaciones.
La duda es cuanto tiempo más habrá en España un Gobierno en funciones, y, como poco, esa situación se prolongará hasta finales de julio o primeros de agosto.
Por tanto, no serán menos de 220 días los que se mantendrá en esa condición, un récord para España.
El periodo más largo hasta ahora entre unos comicios y la investidura del presidente del Gobierno era de 62 días, el tiempo transcurrido desde las elecciones del 3 de marzo de 1996 hasta que José María Aznar fue investido por vez primera por el Congreso como jefe del Ejecutivo el 4 de mayo de ese año
Pero España aún queda lejos de los 541 días que estuvo Bélgica con un gobierno en funciones desde las elecciones que celebró el 13 de junio de 2010.
Estar en funciones impide al presidente del Gobierno proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza o elevar al Monarca la convocatoria de un referéndum consultivo.
El Gobierno no puede presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado y tampoco aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
A este hecho está apelando Rajoy en el marco de las negociaciones que está manteniendo con los representantes de otros partidos, ya que considera que debe llegarse a un acuerdo de gobierno que permita la aprobación del proyecto de ley de presupuestos del próximo año.
El de 2016 fue aprobado con anterioridad a la celebración de los comicios del 20 de diciembre y Rajoy ha sacado pecho en numerosas ocasiones por esa decisión argumentando que, si no, España estaría ahora con unos presupuestos prorrogados.
Para que eso no ocurra con los actuales, debería haber un nuevo gobierno a finales de julio o primeros de agosto con el fin de que pudiera aprobar el techo de gasto y redactar los presupuestos para presentarlos en el Parlamento antes de que concluya el plazo fijado para ello: el 30 de septiembre.
El hecho de estar en funciones implica igualmente que las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedan en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en ese estado.
La ley obliga al Ejecutivo a limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y determina expresamente que deberá abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualquier otra medida.
Pero con esas limitaciones, el Gobierno mantiene sus poderes y sigue habiendo reuniones del Consejo de Ministros todas las semanas.
En concreto, son 26 las veces que Rajoy ha reunido a sus ministros desde que todo ellos se encuentran en funciones tras celebrarse los comicios del 20 de diciembre.
Además, se ha abierto un debate sobre el control parlamentario de un gobierno en funciones, ya que mientras el PP y el Ejecutivo de Rajoy sostienen que no puede ser controlado por unas Cortes de las que no ha obtenido su confianza, el resto de grupos creen lo contrario.
Esa diferencia de criterio hizo que en la pasada legislatura, la más breve desde la Transición, dos ministros no acudieron a sendas comparecencias en comisión a las que estaban convocados por el Congreso y, como respuesta, todos los grupos, excepto el PP, impulsaran un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Esa iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en abril pasado por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones, y se formalizó después tras no aceptarse las alegaciones del Gobierno.
El conflicto de atribuciones fue admitido a trámite por el TC el pasado 13 de junio, pero eso no supone condicionamiento alguno sobre cuál será el fallo, sino simplemente que el asunto será estudiado.
