El Gobierno dirá dónde se entierra a Franco si la familia no lo decide

El Gobierno decidirá dónde serán enterrados definitivamente los restos de Francisco Franco una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos, en el caso de que la familia no se ponga de acuerdo sobre el lugar de enterramiento o no diga en un plazo de 15 días dónde prefiere que sean trasladados.

La ministra de justicia, Dolores Delgado, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros los pasos que se seguirán ahora tras el acuerdo aprobado hoy por el Ejecutivo para culminar la exhumación de los restos del dictador que se decidió en agosto pasado, en lo que ha calificado de un "acto de Estado".

El acuerdo prevé, ha remarcado, todos los escenarios posibles a partir del plazo de 15 días concedido ahora a la familia para que se pronuncie sobre un lugar para el enterramiento definitivo que, en ningún caso, podrá ser la cripta de la Catedral de la Almudena. 

Ha recordado que la catedral no podrá ser elegida en atención a las razones de "orden público" argumentadas por la Delegación del Gobierno en Madrid para impedirlo y porque se seguiría incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, ya que se convertiría ese enclave público "en un lugar de dignificación" del dictador.

Existe la posibilidad de que los allegados a Franco sí determinen el enclave para la inhumación, con lo cual la ministra ha dejado claro que no habría ningún problema, y dos hipótesis más que obligarían a una nueva decisión del Consejo de Ministros: la de que no se pongan de acuerdo o no digan nada.

La respuesta del Ejecutivo vendría entonces por un nuevo acuerdo del Gabinete, que determinaría dónde se llevarían los restos una vez inhumados, cumpliendo así con el decreto ley aprobado el 24 de agosto y culminando un largo procedimiento de siete meses "absolutamente escrupuloso con el procedimiento jurídico", según Delgado.

Es más, la ministra ha calificado de "histórico" el expediente impulsado por el Gobierno socialista y ha remarcado que para lograr el fin de contribuir a la "convivencia entre todos los españoles" había que "hacerlo bien", superando los obstáculos que se ha encontrado por los numerosos recursos que han tenido que resolver.

No ha querido pronunciarse la titular de Justicia sobre los efectos que podría tener un eventual recurso de los familiares ante el Tribunal Supremo, que si bien ya rechazó paralizar cautelarmente el traslado del cadáver, tiene la última palabra sobre esta operación.

Ha rechazado especular al respecto bajo el argumento de que sería hacer "justicia-ficción" y ha preferido no aventurar hipótesis a la espera de que se den los pasos previstos por el Gobierno, y sobre los que ha insistido en que son absolutamente respetuosos con la Ley de Memoria Histórica y su reforma avalada por el Parlamento.

En este sentido, Dolores Delgado ha recordado que la ubicación actual en la basílica del Valle de los Caídos del cadáver del dictador "no ayuda" a la "convivencia" entre los españoles porque allí se contribuye a su "dignificación y recuerdo".

En cuanto a la oposición del prior de la basílica a la retirada de los restos y si ello puede dificultar la extracción, ha asegurado que el Gobierno adoptará las decisiones legalmente establecidas para acceder a ese lugar de culto, en el que, ha dicho, tampoco queda "excluida" la competencia de "la autoridad civil".

Preguntada qué hará el Gobierno si la familia decide para trasladar los restos un lugar tampoco adecuado, la ministra de Justicia ha advertido de que la nueva inhumación deberá cumplir con la vigente Ley de Memoria Histórica y garantizar el "orden público".

"En esos parámetros nos moveremos a la hora de inhumar los restos de Franco", ha insistido.