El Gobierno estima que el ingreso mínimo vital que aprobará este viernes 29 de mayo en Consejo de Ministros Extraordinario llegará a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores.
Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer, según han adelantado a Europa Press fuentes del Gobierno.
El ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. El objetivo es reducir la tasa de pobreza en España.
Para ello, se fijará un umbral para cada tipo de hogar --que dependerá del número de miembros, y con un complemento adicional para las familias monoparentales--. Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, el ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar.
Las cuantías de la prestación oscilarán entre unos 460 euros al mes en 12 pagas --el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo--y 1.000 euros al mes en 12 pagas, algo menos que el salario mínimo interprofesional.
Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un "test de riqueza", algo "bastante poco común" en España, pero sí "habitual" en otros países, según precisan las mismas fuentes.
Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Con ello, se asegura el acceso a personas "realmente vulnerables" y no sólo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, con "un considerable patrimonio inmobiliario".
Por otro lado, el ingreso mínimo vital será compatible con las rentas mínimas de las CCAA, de forma que fijará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos y las CCAA podrán complementar estos ingresos, en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
MEJORAR LA INCLUSIÓN E INCENTIVAR EL EMPLEO
Además, la prestación estará ligada a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión, con la filosofía de "facilitar la transición de los individuos desde la exclusión hacia la participación plena en la sociedad y en la economía".
Estas medidas, establecidas por las comunidades autónomas y entes locales en el ámbito de sus competencias, estarán vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y también al acceso a la formación y serán específicas a las características de cada beneficiario.
Asimismo, incorporará incentivos al empleo, de tal forma que las personas que se beneficien del ingreso mínimo vital no se vean penalizadas en términos de la prestación al acceder a oportunidades laborales.
Las mismas fuentes precisan que están trabajando en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos y con ayuda de las entidades del tercer sector.
