Los recursos ante el Tribunal Supremo contra la absolución de los 34 acusados del caso Bankia ponen fin a un año marcado por la pandemia y que deja paso a un 2021 en el que se esperan novedades en investigaciones como la presunta contratación del excomisario Villarejo por empresas del IBEX 35.
La Audiencia Nacional acaparará el foco mediático en este nuevo año con la instrucción de otros casos como la caída del Banco Popular, que empieza en enero con las declaraciones de los últimos investigados, o la querella contra Alcoa por la venta de sus plantas en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia).
Pero la atención girará en torno a dos piezas del caso Villarejo, una de ellas de apertura reciente, la que investiga a los exjefes de seguridad de Repsol y CaixaBank por la supuesta contratación de los servicios del excomisario para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero entre 2011 y 2012, cuando intentaba conseguir casi un tercio de las acciones de la energética.
A la espera de que comparezca Villarejo, ya han declarado tanto el exjefe de seguridad de Repsol como el de CaixaBank, por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Este último admitió haber reportado, aunque como tema residual, al entonces presidente de la entidad, Isidro Fainé, sobre los encargos, con los que se buscaba conocer una presunta operación de Pemex y Sacyr para controlar la petrolera.
También proseguirá su curso la "operación Trampa" sobre el supuesto espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el BBVA habría encargado al excomisario desde 2004, cuando Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar, sin éxito, el control del banco.
Este otoño, el juez Manuel García Castellón admitía a trámite una querella dirigida contra el exdirector del gabinete de presidencia del BBVA y jefe de auditoría interna de la entidad, Joaquín Gortari, que todavía no ha sido citado.
Más recientemente, el que fuera director de riesgos del banco Antonio Béjar ha reiterado que el expresidente del BBVA Francisco González, también investigado, dio instrucciones de contratar para el cobro de grandes morosos a la empresa que dijera el exjefe de seguridad Julio Corrochano, que fue quien propuso a la de Villarejo.
NUEVOS INVESTIGADOS POR EL POPULAR
2021 comenzará fuerte en el juzgado que investiga las dos últimas gestiones del Banco Popular, tras escuchar a sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos y a un largo plantel de testigos, entre ellos, el exministro de Economía Luis de Guindos y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
El próximo 12 de enero, el juez José Luis Calama arrancará los interrogatorios a los últimos investigados, antiguos miembros de departamentos centrales de la entidad como el de intervención, riesgos y auditoría, por la supuesta financiación a clientes para acudir a la ampliación de capital de 2016.
Una práctica que no estaría prohibida siempre que se descontara del capital, según indicó la exdirectora de auditoría interna Yolanda García minutos antes de que el magistrado le anunciase su imputación en plena testifical.
OTROS CASOS
La Audiencia Nacional también avanzará en la querella de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas por irregularidades en la venta de sus plantas en Avilés y La Coruña.
La juez María Tardón ya aguarda la investigación integral de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de los hechos denunciados por el sindicato: presunta estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
Lejos de juicio se encuentra asimismo el caso sobre la supuesta alteración contable en Abengoa entre 2014 y 2016, reactivado a comienzos de año tras ampliarse la querella contra la multinacional y la firma Deloitte.
Por su parte, la investigación sobre la tecnológica Zed ha dado un giro después de que el magnate ruso Mikhail Fridman haya sido apartado de las pesquisas al no apreciarse pruebas ni indicios de que participara en la supuesta "asfixia" de la compañía que le achacaba Anticorrupción.
BANKIA, EN EL SUPREMO
Después de ocho años de proceso, el pasado septiembre la Audiencia Nacional absolvía a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia, incluido a su expresidente, Rodrigo Rato, tras entender que la operación fue legal y contó con el beneplácito de los organismos supervisores.
No obstante, dos acusaciones, Aemec y Bochner España, consideran que el veredicto se basó en un relato "erróneo" con "déficit de motivación", motivo por el que han recurrido ante el Tribunal Supremo, que ha designado como ponente a Leopoldo Puente.
La sentencia de Bankia fue un respiro para Rato, que días más tarde abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real donde cumplía cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas "black" de Caja Madrid; aún así, el exvicepresidente del Gobierno, ahora en tercer grado, sigue siendo investigado por el origen de su patrimonio.
Iniciado en abril de 2015, poco ha trascendido de este frente desde que la Audiencia de Madrid ordenara dar marcha atrás al procesamiento por supuesta corrupción en la contratación de la campaña de publicidad de Bankia, para agruparla en una causa común con los presuntos delitos fiscales y de blanqueo.
