El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga) ha declarado compleja la causa que se sigue en dicho órgano judicial sobre la corrupción urbanística en el municipio, caso conocido como 'Astapa', que se investiga desde hace nueve años y por el que fueron detenidos en 2008 varios responsables y técnicos municipales, empresarios y familiares de éstos.
Esta declaración, decretada por el juez, tras plantearlo el fiscal, supone que la causa cuenta con 18 meses más para investigarse --al margen de la prórroga que se puede pedir-- a contar desde diciembre de 2015, cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a los plazos para investigar las causas que tengan una especial dificultad en la tramitación.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor da varios argumentos por los que se debe declarar la complejidad, recordando que él mismo "adelantándose a lo previsto por el legislador" ya había calificado la causa en varias ocasiones como "compleja", teniendo en cuenta en primer lugar "la cantidad de delitos objeto de investigación".
Entre estos delitos se encuentran los de cohecho, malversación de caudales, prevaricación administrativa y blanqueo de capitales; todos desarrollados en el entorno del Ayuntamiento de Estepona. Además, añade como otra razón "la cantidad de sujetos investigados que superan el centenar" y la comisiones rogatorias remitidas a varios lugares, como Andorra, Reino Unido o Suiza.
También hace referencia a la temática "clave" del procedimiento que es la de los aprovechamientos urbanísticos, cuya investigación requiere de informes periciales que "constituyen el pilar fundamental para poder dictar resolución trascendental" de cara a los trámites necesarios para la continuación del procedimiento. Estos informes "aún se están elaborando".
Al respecto, señala en el auto que también se está a la espera de un informe final de la Policía Judicial y de otros documentos de los peritos de Hacienda con contenido patrimonial que afecta a gran parte de los investigados". La causa cuenta actualmente con 78 tomos principales, 444 de documental y otros documentos que aún deben ser escaneados y estudiados por el instructor.
Por esto, el magistrado declara "el carácter complejo de la instrucción de la causa", según consta en el auto, adelantado por el diario 'SUR', y admite los argumentos del fiscal, que en enero pidió que se declarara la complejidad de la misma. Esta resolución se puede recurrir tanto en reforma como en apelación.
Durante la primera fase de la operación policial del caso 'Astapa', desarrollada en junio de 2008, fueron detenidos cargos políticos y concejales, como el entonces alcalde Antonio Barrientos, que pasó seis meses en prisión; así como empresarios, técnicos y empleados municipales y algunos familiares de éstos.
En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente", según se desprende de lo actuado por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción.
En la última memoria, presentada hace una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reclamaba de nuevo a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, como "medida imprescindible", el refuerzo con un mayor número de funcionarios a varios juzgados con casos voluminosos y complejos, como el de Estepona.
Señala que le "sonroja" la posibilidad de prórrogas de plazos procesales para instrucción cuando ya llevan transcurridos siete u ocho años, como ocurre en este caso, ya que "atrae inevitablemente situaciones anómalas y cuestiones procesales conocidas" (posibles prescripciones, infracción del plazo razonable, o aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas).
Ya en junio del pasado año 2015, la Sala de Gobierno del TSJA acordó instar a la Consejería para que dote "de los medios personales y materiales necesarios" al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona que lleva la causa, con el fin de lograr "la agilización" del procedimiento.
En el acuerdo de la Sala de Gobierno se instaba a la Consejería a "la urgente puesta a disposición del juzgado de los medios personales y materiales idóneos para el escaneo de la documentación existente en el procedimiento en el plazo más breve posible, con el fin de facilitar el manejo de la causa, su estudio y análisis judicial, así como ulteriores fases de traslado a las partes".
Con este acuerdo, el TSJA respondía a la petición del juez de Adscripción Territorial que hasta el momento era el titular del juzgado y que continuará en el mismo como sustituto hasta la cobertura de la plaza por su titular. Además, ponía en conocimiento de la Unidad de Apoyo a las Causas de Corrupción (UACC), creada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "los déficits", al quedar pendientes en ese momento unos 40 informes.
