El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, ha supervisado este jueves las mejoras de eficiencia energética en el edificio administrativo del Gobierno autonómico, en el que se han invertido 2,5 millones y que permitirá el ahorro de un millón de kilovatios anuales.

De este modo, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, Diego Calvo ha comprobado las actuaciones de climatización e iluminación llevadas a cabo en este edificio y que han consistido en la sustitución de los equipos de clima por tres nuevas bombas calor de 200 kilovatios de alta eficiencia energética, cuatro unidades climatizadas y de 239 emisores de frío o calor.

Además, también se han instalado nuevos conductos para una distribución del aire más adecuada, protecciones solares, lámparas fluorescentes por tubos LED y equipos de detección de movimiento y niveles de iluminación.

Todo esto, permitirá un ahorro de energía anual superior al millón de kilovatios y una reducción en las emisiones de carbono de 171,58 toneladas anuales.

Precisamente, este jueves, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado las bases de la nueva línea de ayudas, compuesta por 600.000 euros, destinada a la planificación de entidades locales y comunidades energéticas.

El objetivo de esta convocatoria, que abrirá el plazo de solicitud el 28 de marzo, es permitir reducir las facturas en esta materia, apoyar así a los ayuntamientos gallegos, impulsar el asociacionismo de los agentes sociales en comunidades energéticas y la promoción de soluciones locales que contribuyan a un consumo responsable y sostenible.

De esta manera, la intensidad de las ayudas dependerá del número de ayuntamientos agrupados en la solicitud e irá del 30 al 70%, con un 15% adicional si son de menos de 5000 habitantes o fusionados, y de un 10% si son emprendedores. Será de un máximo de 15.000 euros por ayuntamiento y, de 150.000, si son entidades locales que representen a varios municipios.

En cuanto a la planificación de comunidades energéticas, se cubrirán los gastos de contratación de los servicios de asistencia así como la elaboración o ampliación de estatutos. Los solicitantes podrán escoger libremente las empresas que las asesoren.