La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decretado nulo el ERE que la multinacional Alcoa quería aplicar en la planta de San Cibrao (Lugo), la única de aluminio primario que queda en España, al apreciar "mala fe" en esa medida empresarial del grupo propietario del complejo industrial asentado en el municipio de Cervo.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que ha compartido con la prensa esta resolución, ha aplaudido que se haya "hecho justicia" y ha anunciado que irán a celebrarlo a la fábrica.
Después de las dos vistas celebradas en el alto tribunal gallego, la primera para evaluar las medidas cautelares solicitadas por la parte social y la segunda por la demanda del proceso de despido colectivo, los trabajadores estaban a la espera de una decisión que aclarase su futuro.
El fallo trascendió poco después de las dos y media de la tarde y fue acogido con júbilo por la plantilla, ya que el despido colectivo, de prosperar, afectaría a 524 empleados.
Es el segundo revés para Alcoa, pues el tribunal gallego ya había estimado en parte las medidas cautelares solicitadas por las centrales sindicales y demandantes en el proceso -CCOO, CIG y UGT- por lo que la siderúrgica tenía prohibido parar las cubas de electrolisis.
Una prohibición vigente hasta que hubiese sentencia sobre el despido colectivo y que, por tanto, ahora se consolida.
La reincorporación de esos empleados -de los 524 afectados por el ERE que pretendía aplicar multinacional- a sus puestos de trabajo sería imposible con las cubas apagadas.
Los Gobiernos central y autonómico, el comité de empresa y los sindicatos han estado pidiendo a Alcoa durante meses que accediese a la venta, tras negarse a tal operación con Liberty House y la Sepi.
En caso contrario, la plantilla reclamaba la intervención pública.
En la vista oral, la representación legal de la compañía insistió en los argumentos que llevaron a la multinacional a plantearse tal situación, en concreto, en las pérdidas que acumula la planta de aluminio primario, que ascienden, según los cálculos presentados por Alcoa, a un millón de euros a la semana.
En este momento, la anulación del ERE planteado por la empresa supone un soplo de aire fresco para la plantilla, pero no, avisan, la solución al problema de fondo.
