El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Granada ha acogido este martes el juicio por la demanda que varios vecinos de la zona Norte de Granada presentaron en 2019 por los continuos cortes de luz que padecen, los cuales aún persisten en la actualidad y que, según sostienen, suponen una vulneración de derechos fundamentales que atribuyen a Endesa.
Durante el juicio, que está pendiente de una última fase de alegaciones para quedar visto para sentencia, ha declarado personal de los centros de salud del distrito Norte que han dado cuenta de cómo han venido afectando estos cortes de luz a la salud de los vecinos, algunos vulnerables, y también ha intervenido personal de Servicios Sociales, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
La Fiscalía, por su parte, no se opone a que estos cortes de luz puedan suponer una vulneración de derechos fundamentales, pero no cree que sea imputable a una conducta de Endesa, pues mantiene que la compañía hace todo lo posible por evitar el corte de suministro y cuando ocurre es debido a los enganches ilegales, los cuales están vinculados al cultivo de marihuana.
Desde Endesa defienden las inversiones realizadas para paliar la problemática de la saturación de las redes de distribución en esta zona de Granada por los enganches ilegales, a la vez que se colabora con las entidades que persiguen el cultivo de marihuana indoor en esta provincia.
La compañía trabaja en la actualidad en la ampliación de la Subestación Pulianas que abastece a la Zona Norte de Granada con el fin de aumentar hasta en un 57 por ciento la potencia eléctrica en la zona, en el marco de las medidas adoptadas por la compañía y en las que está invirtiendo más de 2,7 millones de euros.
Los técnicos de Endesa se encuentran actualmente sustituyendo dos de los tres transformadores de la Subestación Pulianas doblando su potencia para aumentar la capacidad de la red, "ofreciendo mayor energía a los vecinos de la Zona Norte que ya contaban precedentemente con el doble de la potencia de la energía demanda y que ahora tienen un abastecimiento mayor". Asimismo, entre otras medidas, se han instalado cuatro nuevos centros de transformación y reparado los centros de transformación de las calles Puerto Lumbreras y Pedro Moya, que se incendiaron debido a la sobrecarga ocasionada por los enganches ilegales, principalmente destinados a plantaciones de marihuana.
El procedimiento que ha llegado ahora a juicio, iniciado por personas en situación especialmente vulnerable, ha contado con el apoyo y acompañamiento de organizaciones sociales e instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Anaquerando, Fundación Lestonnac o la parroquia de la Paz.
Las organizaciones sostienen que, con independencia del resultado del procedimiento, esta movilización "ha servido para visibilizar que los cortes de suministro eléctrico implican la lesión de los derechos fundamentales de personas especialmente vulnerables" al mismo tiempo que lamentan que "la única respuesta" a esta problemática sea "la criminalización de todo un barrio".
