Los diez acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a fabricar ilegalmente tabaco en Granada y Málaga explotando además a trabajadores extranjeros han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado una condena a 20 meses de prisión frente a los hasta 14 años de petición inicial.
El acuerdo entre las partes se ha alcanzado este lunes y después de un intento de juicio, el pasado mes de enero, que se suspendió por un error en las citaciones y el cambio de abogado de uno de los procesados.
En este segundo intento, la Fiscalía ha modificado su calificación de los hechos y ha eliminado el delito contra los derechos de los trabajadores por la imposibilidad de localizar a los testigos propuestos.
Además, ha incluido un atenuante al delito de organización criminal, cambios por los que ha reducido las condenas de los 14 años de cárcel iniciales para los principales acusados a los 20 meses de prisión que han aceptado nueve de los trece procesados.
El décimo de los procesados presente este lunes en la Audiencia de Granada se ha conformado con una condena a dos meses de cárcel acusado solo del delito de organización criminal.
El ministerio público ha eliminado además los cargos contra uno de los procesados, ya fallecido, mientras que los dos restantes permanecen en paradero desconocido y con órdenes de busca y captura.
Junto a las penas de prisión, los diez condenados han aceptado una multa de 440.000 euros, con 90 días de prisión en caso de impago, y una responsabilidad civil que pagarán de manera conjunta de 879.448 euros más los intereses.
Los hechos se remontan al año 2017 cuando los acusados, diez españoles, un ruso, un ucraniano y un sudafricano, acordaron montar una fábrica ilegal de tabaco para contrabando en Málaga y Granada.
Utilizaron una nave ubicada en Ventas de Zafarraya (Granada), y funcionaron como una red jerarquizada, con las funciones de cada miembro bien repartidas.
Los procesados, liderados por un español y un ruso, no declararon oficialmente la actividad, por lo que no pagaron los impuestos especiales sobre labores de tabaco, el IVA o las altas en el sistema de Seguridad Social de los empleados.
El 5 de diciembre de 2017 se produjeron varias entradas y registros judiciales en los que se decomisó maquinaria, vehículos, embalaje y tabaco en diferentes formas, entre ellas 85.500 cajetillas y 4.535 kilos de picadura de tabaco valorados en más de 2,27 millones de euros.
El acuerdo, ratificado por todas las partes, también ha implicado una reducción de las multas, que para dos de los procesados superaban los 4 millones.
Aunque el juicio se iba a extender durante cuatro jornadas, el acuerdo ha permitido que la presidenta de la sala dicte sentencia a viva voz que no podrá ser recurrida por las partes. EFE
