El histórico acuerdo para proteger el Parque Nacional de Doñana alcanzado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía hace menos de tres meses se ha tambaleado este lunes tras una nueva polémica por la supuesta declaración de suelos forestales como cultivables en el reciente decreto autonómico de simplificación administrativa.

Un artículo de este decreto ley de 600 páginas ha llevado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a suspender la jornada de reuniones de este martes, en la que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, había convocado a los catorce municipios del área de influencia de Doñana para abordar el reparto de fondos contemplado en el acuerdo marco que firmaron el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

La polémica ha surgido tras la denuncia del PSOE-A de que el Gobierno andaluz ha recuperado, a través del decreto-ley de simplificación administrativa, la iniciativa de declarar como cultivables suelos forestales en la Corona Norte de Doñana, una medida que contemplaba la polémica proposición de ley del PP.

El Gobierno andaluz ha dicho que es "rotundamente falso" que quiera recuperar esa proposición de ley en este decreto y ha defendido que se limita a adaptar la ley forestal andaluza a la estatal y que "en ningún momento se habla de regadíos, ni de Doñana".

Sin embargo, la ministra ha optado por suspender la reunión de este martes, incluida en el acuerdo entre ambas administraciones: "No sé qué tengo delante, no sé qué efecto tiene esa legalización retroactiva", ha manifestado.

Ha admitido que le preocupa lo que ha visto y que se lo ha "encontrado" publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía "por sorpresa". Además, ha explicado que en el Gobierno no tenían "ni idea" de que se estuviera haciendo una modificación de ese tipo, por lo que hay que tomarlo "con mucha cautela" y queda pendiente del estudio por parte de los servicios jurídicos del Ministerio.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha asegurado que "no actúa unilateralmente ni de espaldas a nadie" y no tiene "ningún problema" en buscar una fórmula de redacción consensuada con el Gobierno central: "Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo".

La Junta confía "en el diálogo y el acuerdo" ante "cualquier duda" que pueda suscitar el artículo en cuestión y no tendrá problema en "sentarse" con el Ministerio para la Transición Ecológica, "escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción" de ese apartado, según han señalado fuentes del Ejecutivo.

Ante la "confusión suscitada" por la interpretación de ese punto, el Gobierno andaluz ha vuelto a defender que "se limita" a adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente en materia forestal, "en términos que incluso fueron acordados en su día con el Ministerio".

El cambio de la ley forestal

El artículo en cuestión modifica la ley forestal de Andalucía para que no tengan que estar sujetas a ella las superficies cuyo propietario, tras tener especies forestales de turno corto en régimen intensivo, decida la reversión del uso agrícola, siempre que ese uso hubiera estado autorizado con anterioridad.

Esas superficies sólo estarán sujetas a las previsiones de la ley forestal mientras se encuentren presentes especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas. Asimismo, se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas anteriormente, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor. Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años.

El PSOE-A ha denunciado que ese artículo copia la proposición de ley de PP y Vox que decayó con el acuerdo sobre Doñana y ha acusado a la Junta de hacer "que vuele por los aires" el pacto. WWF ha denunciado que la Junta reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y "abre la puerta a la amnistía" a agricultores ilegales que ocupan estos terrenos.

La Junta subraya que la medida no es para Doñana, que afecta a "diversas superficies" en Andalucía, y que "no tiene nada que ver con agua ni con la autorización de regadíos".

La convalidación del decreto está fijada para este miércoles en el Parlamento de Andalucía, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El jueves, se esperaba una reunión en Sevilla entre Ribera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para buscar soluciones a la sequía, reunión que queda en el aire.