Las defensas de los miembros de una organización, conformada por 13 personas --entre ellas dos agentes de la Guardia Civil--, acusada de sabotear el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona de Lepe y de facilitar y dar cobertura necesaria para que las bandas que así lo requirieran lograran introducir alijos de hachís en la costa de la provincia onubense, han pedido en la última sesión del juicio la absolución de la mayor parte de estos acusados, excepto la de los cinco rumanos, a los que el Ministerio Fiscal les ha rebajado la pena a tres años y un día de prisión, al ratificar los hechos en su declaración.
Durante la última sesión del juicio, en la que ha quedado visto para sentencia, las defensas han insistido en la petición de la absolución de todos los acusados ante la ausencia de un auto lícito para llevar a cabo las intervenciones telefónicas en este caso, unas intervenciones que pidieron que fueran anuladas al igual que todas las actuaciones al considerar que "se habían vulnerado derechos" en realización.
Por su parte el Ministerio Fiscal, que renunció este martes a las escuchas en sala de estas intervenciones, ha asegurado que "los testimonios están aportados en los autos", así como que no se llevaron a cabo derivadas de otra causa judicial.
De igual modo, la fiscal se ha ratificado en lo descrito en su escrito judicial, es decir que los dos agentes de la Guardia Civil se encargaban de avisar sobre la actividad de la patrullera los días de los alijos planeados dando instrucciones al cabeza del grupo, que responde a las iniciales de L.G.M., sobre la hora y el lugar en el que tenían que ser introducidos los alijos, así como de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas de la Guardia Civil con el objetivo de que estos estuvieran siempre localizados.
A su vez, también se ha referido al vigilante de seguridad de las instalaciones del Muelle del Tinto de Vigilancia Aduanera, y ha asegurado que este se encargaba de comunicar los movimientos de las embarcaciones en los días de los alijos.
En cuanto a las defensas, todas han coincidido en pedir la absolución de sus defendidos por diferentes motivos. Así, la letrada del supuesto líder de la trama, Inmaculada Belascoain, ha insistido en la nulidad de las escuchas telefónicas porque "no existen datos objetivos" para ello, indicando además que "un agente señaló que los indicios para investigar a esta persona provenían de rumores". De igual modo, se ha referido a una anotación contable que "solo especificaba el nombre del acusado y 6.000", por lo que a su juicio esta anotación "no se puede relacionar con un delito de tráfico de drogas". La letrada ha indicado a su vez que no está probado que su defendido llevara un alto nivel de vida.
En cuanto al vigilante, que también defiende, ha asegurado que su petición de condena está basada en el alijo que se incautó el 16 de enero de 2011, sin embargo "en la primera actuación que aparece su teléfono es el 17 de enero, por lo que no se puede acreditar su participación en este alijo". Por último, respecto a uno de los colaboradores máximos del supuesto líder ha indicado que "ninguna reunión entre este, F.G.H., y L.G.T, se puede considerar indiciaria de delito".
EL AGENTE DE MARÍTIMA ES "INOCENTE"
Fidel Columé, letrado de uno de los guardias civiles imputados, en concreto el agente del Servicio Marítimo, J.M.T., también ha pedido su absolución, ya que a su juicio "es inocente" porque es "imposible" que si este formaba parte de la organización, se interviniera el alijo de hachís de la playa de La Bota. En este sentido, ha manifestado que las intervenciones telefónicas se llevaron a cabo por "sospechas policiales", así como que "para condenar a una persona deben existir pruebas de cargo suficientes y no suposiciones".
Por su parte, Antonio Revuelta, el letrado de otro de los acusados, I.G.A., como colaborador del líder de la trama y de asistir al sabotaje del SIVE, ha manifestado que entiende que para el tribunal es "difícil anular las actuaciones y absolver a los acusados", pero ha asegurado que espera que "a la sala no le tiemble el pulso para tomar una decisión de estas características". En esta línea, ha pedido la absolución de su defendido, ya que "no se ha podido aportar pruebas que demuestren su participación en los hechos y no se solicitó la entrada y registro en su domicilio".
El abogado del otro agente de la Guardia Civil, acusado de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas de la Guardia Civil, ha insistido en la ilegalidad de las escuchas y ha indicado que "el fin no justifica los medios", a la par que ha manifestado que "no existen pruebas válidas para condenar" a este agente.
Por otro lado, el abogado de M.T.M., madre de la hija del supuesto líder de la trama y acusada de blanqueo de capitales, ha incidido en la absolución de su defendida porque "al tener una hija en común, esta tenía que mantener contactos con L.G.T.", y ha destacado que aunque en el registro de su domicilio se incautó una caja fuerte "los agentes no pudieron encontrar la llave porque no estaba en la casa", lo que demuestra a su juicio que "desconocía su interior".
María Teresa Largo, letrada de T.A.V., ha basado su petición de la absolución en que no ha resultado probado en que el contenido de las escuchas telefónicas correspondan a su cliente que se comunica en francés, el cual "ha sido reconocido por un solo agente", así como que conoce al supuesto líder de la trama, mecánico naval, por su profesión relacionada con la venta de vehículos. En este punto, ha hecho hincapié en que su defendido no cuenta con antecedentes penales y ha pedido su libertad tras llevar 22 meses en prisión. No obstante, la fiscal se ha opuesto al considerar que "hay riesgo de fuga".
Los letrados de los cinco acusados de nacionalidad rumana se han conformado con la pena de tres años y un día solicitadas por la Fiscalía.
SABOTAJE AL SIVE
Antes de elevar las conclusiones, ha testificado el perito que tasó los daños al SIVE, el cual ha asegurado que tras el sabotaje "se encontraron balas en el interior del equipo", las cuales causaron daños en el radar, pero no quedó inoperativo.
A juicio del Ministerio Fiscal, concretamente, este sabotaje se llevó a cabo el 22 y 25 de diciembre, día en el que tres acusados --el cabeza y sus dos máximos colaboradores-- consiguieron que dos de ellos accedieran a las instalaciones del SIVE y, una vez en el interior, tirotearon el sensor volumétrico de intrusión, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de dichos dispositivos y forzaron la puerta del lugar que da acceso a los paneles y pantallas de control de esos equipos, causando desperfectos por valor de más de 70.000 euros, así como que el guardia civil de Marítima "estaba al tanto".
Del mismo modo, asegura que en la grabación de estos hechos no se puede divisar los rostros de los autores porque iban tapados, sin embargo la fiscal considera autor de los hechos a L.G.T., por "su cazadora, ya que este aparece con la misma en fotos en una red social", algo que su abogada ha negado ya que "los puños son diferentes y es más larga", así como que la grabación es de "muy mala calidad". Por su parte, el abogado del Estado considera acreditado que L.G.T., estuvo presente en el sabotaje y solicita a estos acusados la indemnización de los daños causados.
Al respecto, el abogado de uno de los acusados de este sabotaje ha asegurado que el hecho de que "hablen en plural no es prueba suficiente para declarar su autoría" y ha indicado que su cliente "no aparece en las llamadas de esos días".
