La Policía ha desarticulado, con la detención de 36 personas, una organización criminal que explotaba a 400 mujeres en seis 'macroprostíbulos' de Andalucía en los que había cajeros automáticos y en los que las jóvenes firmaban "contratos" en los que se incluían multas por descansar o librar sin permiso.
En la operación, la Policía Nacional ha inmovilizado por orden judicial 57 inmuebles, 56 vehículos, una embarcación y otros bienes cuyo valor estimado supera los catorce millones de euros.
A los 36 detenidos, de nacionalidad española y que quedaron en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial, se les imputan los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores.
En el caso de Huelva, la operación se centró en el club de alterne Sala Número 1 de Ayamonte, y entre los cinco detenidos, que tienen que comparecer en los juzgados cada quince días, figuran el exconcejal socialista de Ayamonte Carlos Fernández y el presidente de la Cámara de Comercio del municipio ayamontino, Javier González, que ejerce como abogado del club.
El club de alterne de la polémica fue cerrado en julio de 2011, por carecer de licencia municipal, al día siguiente de su apertura, y ese mismo día se detuvo a cuatro mujeres que trabajaban en él por encontrarse en situación irregular en España.
Las víctimas de la red eran en su mayoría mujeres de origen sudamericano, aunque algunas procedían de Europa del Este. En algunos casos estaban en España en situación irregular y en otros contaban con toda la documentación.
Los 'macroprostíbulos', localizados en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, generaban cada uno de ellos unas ganancias anuales de 1.250.000 euros, según ha informado el jefe de sección operativa de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.
Parte de este beneficio lo obtenían de las comisiones que cobraban a los clientes por el uso de cajeros automáticos y de otros medios telemáticos que ponían a su disposición para facilitar el gasto.
Para sacar el máximo rendimiento de las mujeres, los detenidos las obligaban presuntamente a firmar "contratos" en los que se establecían multas por descansar sin permiso (50 euros) o abandonar el club sin autorización previa (150 euros).
La investigación policial comenzó hace tres años, cuando se detectó la compra en efectivo de una parcela en Córdoba por 3,5 millones de euros en la que se levantó un club de alterne, tras lo que se constató que el dinero provenía de actividades ilícitas.
Los investigadores determinaron que la compra correspondía a una organización criminal que era propietaria de otros 'macroprostíbulos' en las provincias andaluzas de Sevilla, Córdoba y Cádiz y que posteriormente abrió otro club similar en Ayamonte (Huelva).
La organización había dispuesto un entramado societario con testaferros para tratar de enmascaran la procedencia del dinero obtenido supuestamente mediante la explotación de mujeres.
Cada club operaba a través de al menos tres sociedades controladas por la organización: una era titular del inmueble, otra explotaba la actividad económica y la tercera gestionaba los pagos realizados con tarjeta.
La Policía comunicó la investigación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y recientemente culminó la operación con el registro simultáneo de 17 inmuebles: nueve de domicilios ubicados en Sevilla, Córdoba y Cádiz y siete en empresas, incluidos los seis 'macroprostíbulos'.
Se practicaron 36 detenciones en Sevilla (10), Huelva (5), Córdoba (4), Madrid (3), las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María y Algeciras (12) y en Pamplona.
La Policía también han imputado a 27 personas jurídicas, según ha precisado la Dirección General de la Policía.
En los registros se han intervenido cajeros automáticos y otros medios de telepago, nueve vehículos de alta gama, joyas y relojes de lujo, 250.000 euros en efectivo y un revólver.
La Policía ha inmovilizado 57 inmuebles, 56 vehículos, una embarcación y ha bloqueado más de trescientas imposiciones bancarias, lo que según los investigadores demuestra el alto nivel adquisitivo que tenían los arrestados.
La Policía da por desarticulada la organización criminal, aunque la operación continúa abierta y podría haber más detenciones.
