El vicesecretario político del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Huelva, Daniel Hernando, junto al secretario de organización de CCOO, José Manuel Valderas, está citado a declarar el 12 de abril en relación a los actos realizados durante la última huelga general, el pasado 14 de noviembre, después de que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional informara de oficio a los juzgados sobre los hechos acontecidos durante esa jornada.
En declaraciones a Europa Press, Daniel Hernando ha insistido en que son "falsos" los hechos que le atribuyen y que aparecen en la iniciación del expediente sancionador emitido por la Subdelegación del Gobierno y que dice que "dirigió al grupo de personas que se abalanza contra un agente de la Policía" en el edificio de la Delegación provincial de Hacienda, Educación, Agricultura y Pesca de la Junta, o bien, asegura que actuó para "convencer a los participantes en el corte de tráfico de la autovía para que no abandonaran" la actuación.
Cabe recordar que en un principio se interpuso una denuncia vía administrativa por estos hechos, por los que se le propuso una sanción de 60.000 euros, sanción por la que desde el PCA presentaron alegaciones.
En estos momentos, la vía administrativa ha quedado paralizada, manteniendo la sanción, a expensas del proceso judicial, según señala Hernando. También han sido citados a declarar el 20 de marzo once miembros del PCA por estos mismos hechos.
Hernando ha recordado que presentó alegaciones contra esta propuesta de sanción puesto que "nada de eso se produjo", según ha asegurado, al tiempo que ha criticado que "una veintena" de miembros del PCA en Huelva se hayan visto afectados por procesos sancionadores con diversas cuantías, que oscilan los 300 euros.
En esas fechas, el coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, apoyó a Hernando y a los demás afectados y aseguró que el Gobierno central "se ha pasado 100 pueblos y más de siete leguas" con la multa de 60.000 euros.
A su vez, criticó que el PP pretenda "recortar las libertades públicas de movilización, amedrentando a los sindicatos y a las organizaciones sociales que salen en defensa de los derechos constitucionales".
