La oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de la provincia de Huelva, con sede en la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha logrado evitar en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, entre el 8 de octubre y el 25 de enero, un total de 57 desalojos.
Según ha informado la Junta en una nota, la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María Villaverde, ha mostrado su "satisfacción" por el funcionamiento de este punto de atención durante la inauguración de la jornada formativa organizada por la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, firmante del Programa, para informar sobre el funcionamiento de esta iniciativa autonómica contra los desahucios a más de medio centenar de trabajadores de los Servicios Comunitarios de la administración provincial y los ayuntamientos de Almonte, Ayamonte, Moguer, Isla Cristina y Lepe.
Desde la puesta en marcha del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, este punto de atención contra los desahucios tramitó un total de 68 expedientes, de los que 57 se abrieron en el ámbito de la intermediación y once en el área de la protección.
La intermediación es el servicio más demandado por los onubenses y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios.
De las 57 familias atendidas, la oficina ha resuelto favorablemente 34 casos en sólo tres meses y medio y los restantes 23 se encuentran abiertos con expectativas de resolución. Se trata, ha remarcado la delegada, de 57 desahucios evitados. "Son familias que se mantienen en sus viviendas, con lo que se cumple el objetivo básico del Programa", ha añadido.
Así, señalan que la solución se ha logrado facilitando información o mediante negociación ante entidades financieras y juzgados para paralizar subastas y lanzamientos, con fórmulas como la dación en pago y el alquiler social, además de con otras vías como la reestructuración de la deuda hipotecaria y la renegociación de las cuotas.
Las once familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde la oficina se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución.
En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. La oficina de Huelva está comprobando si los afectados ya desahuciados que acuden en la fase de protección han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.
JORNADAS FORMATIVAS
María Villaverde ha destacado en la inauguración de la jornada que "gracias al apoyo prestado por la Diputación onubense a este plan de acción del Gobierno andaluz, contra los desahucios es posible poner en marcha actividades como ésta, que posibilitarán a los trabajadores sociales de la administración provincial y de los ayuntamientos tener la formación necesaria para garantizar un servicio adecuado a las familias desahuciadas o en riesgo de perder sus viviendas".
La Diputación tiene competencias en la prestación de servicios sociales en aquellos municipios menores de 20.000 habitantes, por tanto, "la atención de estos técnicos en dichas localidades complementará al servicio que se presta a los afectados desde la oficina contra los desahucios de la Consejería en la capital", ha explicado Villaverde.
La delegada ha añadido que "los trabajadores de servicios comunitarios son la primera puerta a la que podrán tocar los ciudadanos, serán los encargados de prestar una atención temprana, sin necesidad de que los afectados tengan que desplazarse a Huelva capital".
En ese sentido, ha subrayado que "estos trabajadores sociales ofrecerán directamente a los usuarios que lo demanden la misma información que las oficinas contra los desahucios de la Junta, además podrán recepcionar toda la documentación necesaria para abordar los expedientes y realizarán los informes sociales que se requieran de los afectados".
La delegada territorial ha afirmado en la jornada que la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación de Huelva han detallado, a través de un protocolo de actuación, el convenio marco que rige la colaboración de ambas administraciones para el desarrollo del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. "Este documento, que será una addenda al propio convenio, establecerá los criterios que guiarán el trabajo diario de ambas administraciones, con el fin de prestar el mejor servicio a la ciudadanía que reside en los municipios de menos de 20.000 habitantes".
