Tras la aprobación unilateral por parte del Gobierno central de la medida por la cual el personal privado se encargará de la seguridad exterior de los centros penitenciarios, el sindicato CSI-F asegura que la vigilancia de las prisiones "va camino de sufrir una merma que la pondrá en peligro".
Desoyendo las recomendaciones y advertencias realizadas por la Central Sindical, el Ejecutivo ha adoptado esta decisión “de manera unilateral equiparando la seguridad de una prisión con la de un centro comercial”, asegura el delegado de CSI-F en la cárcel de Huelva, José Miguel Huertas. Con esta orden se pretende privatizar la seguridad exterior de las penitenciarías tal y como alertó el sindicato el pasado mes de enero. Y es que el centro onubense ha sido uno de los primeros en los que ha comenzado la implantación de un servicio privado en labores de control de acceso, supervisión de cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión) y vigilancias perimetrales de las instalaciones.
Hasta ahora estas competencias dependían de la Guardia Civil y la Policía Nacional tal y como viene recogido en el Reglamento Penitenciario: “La seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FYCSE)”. Aunque el Gobierno mantiene que serán un refuerzo a los miembros de las FYCSE, Huertas cree que “se trata de una sustitución por la puerta de atrás”. El delegado de CSI-F explica que “cambiar a un agente de la autoridad por un trabajador privado pone en grave riesgo la seguridad al eliminar el carácter disuasorio, preventivo y de autoridad que suponen los agentes”. Además, supone incluir trabajadores ajenos a la institución y, en consecuencia, sin ningún tipo de capacitación ni preparación dentro del centro en contacto con la población reclusa.
“Resulta ridículo pretender que con un curso de 10 horas se esté igual de capacitado que un miembro de las FYCSE”, denuncia Huertas quien al mismo tiempo ha lamentado que la medida se haya impuesto sin comunicación alguna a los trabajadores, “por lo que a partir del mes de abril cualquier día nos encontraremos dos vigilantes jurados en el control de acceso sin previo aviso”.
CSI-F recuerda que los centros penitenciarios son instalaciones del Estado que albergan a personas que requieren del máximo nivel de seguridad, más incluso que un juzgado. Son, de igual forma, una de las principales herramientas para hacer frente a las amenazas procedentes principalmente del terrorismo y la delincuencia organizada.
Por todo ello, el sindicato califica de “irresponsable” la decisión y cree que será el primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios. Ante la gravedad de la situación, José Miguel Huertas exige a la Administración que “dé la cara, explique la aplicación de esta peligrosa medida y rectifique de inmediato para no poner en riesgo la seguridad exterior de las prisiones”.
