El grupo socialista en la Diputación de Huelva presentará en el pleno, que se celebrará este miércoles, además de una serie de mociones, la liquidación del presupuesto de 2013 e instará al Gobierno central a modificar la ley para que el ente pueda invertir en la provincia un remanente positivo procedente de varios presupuestos, que asciende a 21,8 millones de euros, con el principal objetivo de crear empleo.
   En rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno, José Martín, ha asegurado que su grupo hará un llamamiento al Gobierno central "para que cambie las condiciones de gasto de este remanente".
   En este punto, ha detallado que el objetivo del Ejecutivo es que esta cantidad se empleara en la reducción de la deuda con los bancos, pero la Diputación, según ha incidido, "tiene planificada esta deuda y disminuirla ahora no interesa cuando se puede invertir en la sociedad porque la gente lo está pasando mal".
   A su vez, el PSOE llevará a pleno el plan provincial de obras y servicio de 2014, el cual contará con un montante de 1,5 millones de euros, creará 60 puestos de trabajo y beneficiará a 16 municipios, los cuales tendrán que aportar 328.700 euros y la Diputación el resto, 1,2 millones.
   Del mismo modo presentarán otras tres mociones. Una de ellas relativa al nuevo diseño de colaboración entre hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez que, a su juicio, "permitirá atender de mejor manera a la ciudadanía".
   Una iniciativa con la que Diputación pretende que "se mejore la cartera de servicios de los centros, se garantice el mantenimiento del empleo y que el proceso se lleve a cabo con el máximo consenso entre todos y las organizaciones sindicales". Martín espera que se convierta en declaración institucional tras señalar que los otros dos grupos, PP e IULV-CA, llevan otras dos mociones sobre el mismo asunto.
   El PSOE también llevará a debate el apoyo general a las alegaciones presentadas contra el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (Pitvi) y una moción conjunta con IULV-CA sobre la reforma energética impulsada por el Gobierno, ya que podría producir en las empresas celulosas "una pérdida de expectativas muy importante".