35 chiringuitos de Huelva están en situación irregular

Publicado: 07/07/2014
En la provincia hay 74, de los que 35 ya tienen concesión, cuatro son competencia del Ministerio, y de los 35 restantes, 15 están en trámite
Con la llegada del verano, los chiringuitos de la costa onubense multiplican su actividad y viven su particular temporada alta. Pero también salta a la palestra la alegalidad y el eterno problema de las concesiones de estos establecimientos hosteleros.

La pasada semana, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio hizo efectivo el traslado de las competencias de otorgamiento de las concesiones demaniales en el dominio público terrestre de los establecimientos de comidas y bebidas a las delegaciones territoriales, con el objetivo de “agilizar los trámites para regular las instalaciones e incrementar la seguridad jurídica de estos establecimientos”, según recoge la resolución publicada en el BOJA.

La delegación onubense ha indicado a Viva Huelva, que en la provincia hay 74 chiringuitos, de los que casi la mitad, un total de 35, están al día con su pertinente concesión.

Por su parte, otros cuatro no son competencia de la Junta, sino del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por “disposiciones transitorias de la Ley de Costas”.

Pendientes
Quedan otros 35 que actualmente están en situación irregular, sin concesión, pero 15 están en trámite y pendientes de la aprobación de su expediente por parte de la delegación territorial, de modo que son 20 los que ni están regularizados ni van a estarlo en un breve plazo de tiempo.

Con el traspaso de competencias a cada provincia, la Junta pretende agilizar los trámites para las regulaciones pendientes de los chiringuitos y así dinamizar el número de expedientes, además de ofrecer mayor certidumbre a los propietarios de estas instalaciones, lo que, a juicio de la Administración andaluza, incentivará la generación de empleo y actividad económica.

Además de este traspaso de competencias, la consejera María Jesús Serrano anunció que se constituirá una mesa técnica para “estudiar caso por caso” con el objetivo de garantizar el servicio a los ciudadanos.

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