Desesperada, así está Natalia, una joven de Moguer madre separada con dos niños de 6 y 4 años, desde que hace cinco años se viera inmersa en un proceso judicial por un delito de estafa contra una entidad bancaria que ha concluido con una condena de tres años y medio de prisión y el pago de más de 700.000 euros.
Una condena impuesta por la Audiencia Provincial de Huelva, que ya ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, por lo que esta mujer tiene ya sobre la mesa una orden de ingreso en prisión para el día 31 de marzo, según ha explicado ella misma a Efe.
Sin embargo, sigue sin rendirse y, en estos momentos, tiene varios frentes abiertos; por un lado ha recurrido la sentencia al Tribunal Constitucional por entender que ha habido en su caso vulneración de derechos y ha solicitado su indulto al Ministerio de Justicia, por lo que ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial de Huelva solicitándole que suspenda la orden de entrada en prisión al menos hasta que resuelva el TC.
"Estoy muy nerviosa, ya no puedo más, se me va la vida en pensar que me tengo que separar de mis hijos a los que, de entrar yo en prisión, ni siquiera le van a dejar acabar el curso en Madrid, donde ahora vivo, tendrá que irse a Moguer con su padre", se lamenta.
A esto añade que está "completamente desamparada" ante una situación que considera "injusta" porque ella, pese a lo que digan las sentencia, sigue declarándose inocente: "Alguien tenía que pagar, al responsable no puede hacerlo porque ni siquiera se preocupan en buscarlo y mientras tanto sigue estafando, pues, son ya más de ochenta las agencias de viajes afectadas".
La vida de Natalia cambió en 2009 año en el que, con mucha ilusión, abrió las puertas de una agencia de viajes en Moguer (Huelva) y algo más de un año después, teniendo un negocio que "funcionaba" fue víctima de un estafador que compraba billetes de avión con tarjetas de crédito de origen fraudulento.
Cuenta que ante las elevadas demandas por parte de este cliente fue a hablar con su banco y ellos le tranquilizaron y le dieron las pautas a seguir para que el uso del TPV (Terminal Punto de Venta, conocido como datafono) fuese de la forma más diligente posible.
Sin embargo, a los cuatro meses de estar trabajando con este cliente, el Banco Santander le acusó de que era partícipe de un robo, ya que todas las operaciones realizadas con su cliente procedían de tarjetas fraudulentas y que se empezarían a hacer retrocesiones por las cantidades cargadas en la cuenta de la empresa.
Después de unos meses el Santander interpuso denuncia contra ella por estafa que finalmente acabó en la Audiencia Provincial de Huelva, donde, según ella, "se dan una serie de dudosas declaraciones" por parte de peritos y agentes de la Guardia Civil a pesar de las cuales se la condena a 3,5 años de cárcel y a la devolución del importe íntegro utilizado para la emisión de los vuelos, incluyendo intereses por descubierto del Banco Santander, 730.000 euros.
"Se ha manipulado la verdad, yo no hice nada incluso justifiqué que había pagado mis vuelos y se había utilizado", indica Natalia, a cuya lucha para no entrar en prisión se han sumado, en menos de 10 días, 4.500 personas a través de change.org y más de 3.000 en papel escrito.
Por último, ha explicado que ha dirigido un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil al objeto de conocer cómo se desarrolló la investigación: "los propios agentes reconocen en el juicio que en un momento dado se para por orden de arriba y queremos saber por qué", sobre todo, incide, si se tiene en cuenta que "al verdadero estafador se le podría localizar, porque yo lo hecho, pero parece que el único interés es que se le pague a un banco".
