La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Palos de la Frontera (Huelva) y diputado nacional del PP, Carmelo Romero, por presuntos delitos de prevaricación y malversación por negarse a facilitar a la oposición la información solicitada sobre los métodos para realizar las contrataciones municipales desde junio de 2011.

La Fiscalía ve "indicios" de esos delitos en la actuación de Romero, según han indicado a Efe fuentes jurídicas, que han precisado que corresponde al TS ver el caso por ser el primer edil aforado por su condición de diputado.

La primera denuncia por esta negativa a facilitar información sobre esos contratos, realizados antes y después de los comicios municipales de ese año, la interpuso el concejal de la Agrupación Palerma Independiente (APIN), Cristóbal Rojas.

Afectaban a las áreas de Servicios de Aguas, Residencia Juan Pablo II, Polideportivo Municipal, Departamento de Tesorería, Servicios Sociales, Áreas de Personal, Departamento de Servicio de Atención al Ciudadano y Servicios de Intervención.

Existe incluso una sentencia de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2015 obligando al Ayuntamiento de Palos a facilitar a la oposición la información solicitada sobre los métodos para realizar esas contrataciones, confirmando la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Huelva de enero de 2014 que lo condenaba por vulnerar el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos.

El denunciante, según ha adelantado el diario Huelva Información, entiende que Romero realizó esos "careciendo por completo de cualquier expediente previo de contratación", algo por lo que, en su opinión, no se facilita la información.