El Congreso va a pedir al Gobierno que cree, mediante orden ministerial, una comisión de gestión técnica de la transferencia de recursos hídricos del marco de Ley del Trasvase para el Condado de Huelva. En dicha comisión estarían representados el ministerio competente en materia de agua, los organismos de cuenca o administraciones con competencias en materia de aguas en la cuenca cedente y en la cuenca receptora, así como los usuarios de dichas cuencas hidrográficas.

Así lo recoge el informe redactado por todos los grupos parlamentarios en la subcomisión creada en la Cámara para elaborar propuestas sobre la Ley del Trasvase. La ponencia ha sido constituida para estudiar la proposición de ley para la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir, lo que se llama Ley de Trasvase de agua al Condado de Huelva. Dicho informe será debatido en la Comisión para la Transición Ecológica este miércoles.

"Esta Comisión de Gestión Técnica adoptará su propio reglamento interno de funcionamiento, que deberá ser acorde respecto del funcionamiento de los órganos colegiados con lo establecido a tales efectos en la sección en primer lugar 3.2 del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público", recoge el documento redactado, al que ha tenido acceso Europa Press.

Entre las condiciones que también recoge el escrito aparece que en la cuenca receptora de la transferencia, "será necesaria la constitución de una Junta Central de Usuarios o entidad representativa equivalente", que ostentará la representación de los usuarios de las aguas transferidas ante las administraciones hidráulicas, en relación al trasvase. Además, se señala que en el caso de que la transferencia exija el uso de infraestructuras de almacenamiento o regulación, "estas se dispondrán preferentemente en la cuenca receptora".

Además, los grupos solicitan que la programación de los trasvases se realice "en función de la mayor economía y racionalidad en el uso del recurso", pudiendo emplearse a tal efecto tanto las infraestructuras de nueva creación como las existentes en las cuencas afectadas. En todo caso, según piden, las infraestructuras asociadas a esta transferencia posibilitarán, en primer lugar, la atención a "las demandas actuales y futuras" de todos los usos y aprovechamientos de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, así como la distribución interna de recursos en dicha demarcación.

TRANSFERENCIA NO SUPERIOR A 19,99 HM3

Según el informe, la Ley del Trasvase autoriza la transferencia hasta de un total de 19,99 hectómetros cúbicos anuales de aguas superficiales desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación del Guadalquivir, con el fin de "contribuir a garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque Nacional de Doñana". Sin embargo, los grupos solicitan que el volumen anual transferido "no podrá ser superior a los 19,99 hectómetros cúbicos".

En el apartado de condiciones propuestas por los grupos sobre el trasvase se expone que "el orden de preferencia entre los diferentes usos del agua será el previsto en el artículo 60.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

También, el volumen anual con destino al abastecimiento de los municipios de la Mancomunidad del Condado ubicados en el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se debe estimaren en tres hectómetros cúbicos aunque, cuando resulte preciso, esta cifra podrá elevarse, siempre por debajo del volumen total máximo autorizable. Estos volúmenes transferidos "no podrán ser utilizados para nuevos desarrollos urbanísticos"

Los grupos solicitan también que se pueda autorizar la transferencia de recursos hídricos con destino a las explotaciones de regadío autorizadas en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan especial (y medidas complementarias del mismo) de ordenación de las zonas de regadío del norte de la corona forestal de Doñana.

Esto último incluye en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, al objeto de sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales, siempre y cuando las demandas de los municipios de la comarca del Condado de Huelva estén garantizadas. Sin embargo, para los partidos, "en ningún caso" podrán destinarse las aguas trasvasadas a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable, ni a la ampliación o a modificaciones de los existentes.

De igual modo, los grupos proponen que para acceder al uso de las aguas trasvasadas, los usuarios de abastecimiento "deberán solicitar o modificar la concesión" y los usuarios de regadío "deberán cumplir con las determinaciones establecidas en el Plan especial de ordenación de los regadíos ubicados al norte de la corona forestal de Doñana".

Además, los usuarios de la transferencia quedan "obligados a abonar los cánones de regulación, las tarifas de utilización de agua y aquellas exacciones que resulten de aplicación"

SIN ALTERACIONES EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA

Otros de los puntos explica que la transferencia de recursos hídricos en cuestión "mantendrá su vigencia en tanto en cuanto aparezca consignada en los Planes Hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras y en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, o se modifique por ley".

Además, deberá garantizarse, en cualquier caso, que la cesión o la recepción de las aguas trasvasadas "no produce alteraciones significativas del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la cuenca receptora y de la cuenca cedente". De hecho, los grupos quieren que el trasvase sea efectivo "siempre y cuando se determine su necesidad mediante un informe favorable de viabilidad ambiental"

"La transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las restricciones medioambientales, sin que pueda verse limitado el desarrollo de dicha cuenca amparándose en la previsión de transferencias", expone el escrito, que añade que "se atenderá además a los principios de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y vertebración del territorio".

Por otro lado, los grupos consideran conveniente que, con el fin de poder determinar las repercusiones ambientales de las transferencias, "se someterán a evaluación ambiental todos los proyectos de manera individual y conjunta" y, en su caso, planes y programas relativos a las mismas, tanto los afectantes a la cuenca cedente como a la receptora, "de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa".

El informe incluye un listado anexo sobre las obras que deben ser declaradas de interés general del Estado. En esta lista aparece la construcción de la presa Pedro Arco; el desdoblamiento túnel de San Silvestre; obras para el aumento de la capacidad de regulación de los depósitos de Huelva y para el aumento de la capacidad de regulación de la balsa de regulación del anillo hídrico.

También aparece la creación de balsas de regulación e infraestructuras de distribución y la construcción de infraestructuras propias de transporte y regulación del mismo trasvase. La declaración de interés general de dichas obras "queda supeditada a la aprobación del informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, y que incluya un estudio específico sobre la recuperación de los costes".