Un total de cinco personas de la provincia de Huelva han sido afectadas por estafas de una organización delictiva desmantelada por la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Telefones' desarrollada en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Cataluña, que presuntamente estafaba a compañías operadoras de telefonía móvil mediante la realización de falsas contrataciones y portabilidades telefónicas.
Las cinco personas afectadas en la provincia de Huelva son de Isla Cristina, Moguer, Villablanca, Villalba del Alcor y la capital onubense. del Alcor.
En total se ha detenido a 29 personas, con edades entre los 19 y los 55 años y de ocho nacionalidades diferentes, por la comisión de 634 hechos delictivos, entre ellos estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se estima que la red desarticulada habría defraudado 2.700.000 euros al traficar durante al menos tres años con móviles de alta gama en diferentes localidades de 48 provincias españolas.
La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Higueruela (Albacete), dentro de un servicio operativo de seguridad ciudadadana realizado en una vía de comunicación próxima a la localidad de Caudete, intervinieron dentro de un turismo 21 teléfonos móviles de última generación sin que el conductor del vehículo pudiera acreditar la legítima procedencia de los mismos.
Tras la aprehensión de estos dispositivos la Guardia Civil comenzó unas investigaciones que permitieron identificar el origen de los teléfonos y comprobar que constituían un envío dentro de un entramado criminal dedicado a la obtención de teléfonos móviles de alta gama mediante la estafa a las compañías operadoras utilizando un sofisticado y novedoso 'modus operandi'.
Asimismo, se pudo comprobar que existía un elevado número de denuncias formuladas en casi la totalidad del territorio nacional de clientes de operadoras de telefonía que manifestaban haber sido víctimas de delitos de estafa al sufrir cargos indebidos en concepto de pago de coutas de terminales móviles de gama alta y tarifas de telefonía que nunca habían contratado. Dichas denuncias resultaban necesarias para el usuario en el trámite de reclamación de los importes facturados que finalmente eran asumidos por las compañías operadoras.
OBTENÍAN TELÉFONOS EN EUROPA Y LOS VENDÍAN EN MARRUECOS
El lucro principal de la organización criminal procedía de la venta en Marruecos de teléfonos móviles 'Smartphone', de alta gama, obtenidos de manera fraudulenta en España y otros países europeos, principalmente Francia y Alemania. Para ello, una de las ramas de la organización se dedicaba a comprar de forma ilícita, en países de Sudamérica, datos reales de clientes de compañías operadoras de telefonía móvil que dan servicio en España.
Con esos datos, en establecimientos comerciales de "confianza" para la organización, se activaban líneas de teléfono prepago de compañías virtuales para después solicitar la portabilidad de estas líneas a las principales compañías operadoras en España. Puesto que los datos del supuesto "cliente" resultaban ser reales y conocidos por las compañías operadoras, éstas ofertaban la posibilidad de contratar la compra a plazos de teléfonos móviles de alta gama.
Hechas las contrataciones, los teléfonos eran enviados por las compañías a través de empresas de mensajería donde la organización también contaba con repartidores captados que entregaban irregularmente los terminales a la última rama de la organización, encargada de receptar los smartphone, gestionar su salida hacia Marruecos mediante el uso de "mulas" y lograr allí su venta al público obteniendo el beneficio final de la actividad criminal.
Todas las personas que formaban parte del entramado criminal recibían un pago por los "servicios" prestados de acuerdo a sus funciones, previamente delimitadas.
Los jefes o "cabecillas" se encargaban de pagar un precio prefijado por los datos de clientes obtenidos en Sudamérica y posteriormente vendían los terminales móviles a un segundo escalón jerárquico. Este segundo escalón se dedicaba a pagar a los repartidores por cada envío entregado, así como también a las personas encargadas de transportar los terminales hasta Marruecos. A su vez, este escalón tenía en el país vecino sus propios cauces de venta de los terminales móviles al público general.
Paralelamente a la actividad principal de la organización, algunos de los miembros, utilizaban los datos obtenidos de terceros para estafar a financieras automovilísticas y formalizar pequeños créditos o préstamos personales.
ALTO NIVEL DE VIDA DE LOS CLANES
Una de las principales características de los líderes de la organización era su movilidad geográfica con el fin de obstaculizar cualquier tipo de investigación de la que pudieran ser objeto, lo que les hacía desplazarse continuamente por distintas provincias españolas e incluso por el extranjero.
Las actividades delictivas reportaban importantes beneficios a los principales miembros de la organización, los cuales mantenían un alto nivel de vida en España llegando incluso a adquirir propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama.
Además, para no levantar sospechas, trataban de mantener las cuentas bancarias con un saldo normalizado realizando continuas extracciones de efectivo. El dinero en efectivo era transportado hasta Rumanía y Marruecos, países de origen de los integrantes de la organización, donde lo utilizaban para la adquisición y acondicionamiento de propiedades, algunas de ellas de lujo.
Durante los nueve registros practicados en la operación se intervinieron numerosos efectos de valor procedente de las actividades ilícitas del grupo, destacando 10 vehículos, 305 teléfonos móviles, 425 tarjetas SIM, 16.153 euros en efectivo, 335 dólares americanos, 41.000 pesos venezolanos, dos ordenadores portátiles provistos de programas para manipular documentos de identidad y números de cuentas bancarias y abundante documentación de interés relativa a la actividad delictiva desarrollada por la organización.
Igualmente han sido bloqueadas 34 cuentas bancarias, así como 24 tarjetas de crédito.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa, que han contado con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Albacete, de las Áreas de Investigación de la Guardia Civil de Fraga y Vall de Uxó, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lleida, así como de la 5ª Unidad de Distrito de la Policía Local de Valencia.
Asimismo, ha sido determinante para el desarrollo de la investigación el intercambio de información con otros países, utilizando para ello diversas herramientas policiales de cooperación internacional como el grupo 4 de inteligencia financiera de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Interpol y analistas del Área de Estafas de Europol.
Las diligencias instruidas han sido centralizadas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Almansa (Albacete), teniendo participación directa distintos Juzgados de las provincias de Algeciras, Valencia, Alzira, Xátiva, Castellón, Nules, Villareal, Zaragoza y Murcia.
