El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este lunes la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, fechada el 3 de octubre, por la que se resuelve la "aprobación definitiva" y "de manera parcial" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén.
Así se recoge en la citada orden, firmada por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, y consultada por Europa Press, en la que se da el visto bueno definitivo, aunque "suspendiendo o denegando la aprobación de la parte restante del documento aprobado por el Ayuntamiento" en el pleno celebrado el 27 de diciembre de 2013.
De este modo, se acuerda la aprobación definitiva "a reserva de la simple subsanación de las deficiencias señaladas los informes del Servicio de Planeamiento Urbanístico y de la Dirección General de Urbanismo, ambos de fecha 2 de octubre de 2014", al tiempo que recoge la "suspensión de diversas determinaciones sobre ámbitos del plan y artículos de las normas urbanísticas" y la denegación de otras.
Con respecto a la subsanación de deficiencias, explica que el Ayuntamiento deberá elaborar un documento que conste exclusivamente de las correcciones acompañado de los informes sectoriales de verificación necesarios. El pleno municipal deberá tener conocimiento de este documento y presentarlo ante la Dirección General de Urbanismo, que resolverá sobre la corrección de las deficiencias con carácter previo a su registro y publicación de la normativa del instrumento de planeamiento.
En el caso de las suspensiones, el Consistorio deberá elaborar un documento que levante total o parcialmente esas suspensiones, solicitar los informes de verificación de las administraciones sectoriales correspondientes y, en su caso, someterlo a información pública. Posteriormente, el pleno deberá aprobar el documento y pedir su aprobación definitiva a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
La publicación en BOJA supone la entrada en vigor del PGOU, que viene a sustituir al que se aprobó en 1996 y que se encuentra vencido desde 2004. Su entrada en el Boletín se produce 24 días después de que Serrano firmara la orden de su aprobación parcial, una vez que el 26 de septiembre fue analizado en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Este órgano valoró positivamente, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la adecuación de la revisión del PGOU de la capital a la planificación territorial, en particular al Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Jaén, que está en su fase final de aprobación por el Consejo de Gobierno.
Desde el Gobierno andaluz se ha precisado que la aprobación del plan es parcial, ya que el Ayuntamiento debe subsanar las correcciones recogidas en el referido informe de la Dirección General de Urbanismo que fueron conocidas y valoradas por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, en su sesión celebrada el pasado mes de julio.
Entre las cuestiones más destacadas, se informaba favorablemente, con carácter general, lo concerniente a suelo urbano consolidado, el suelo no urbanizable, algunas unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado, los suelos de uso dotacional y equipamientos, los sistemas generales y las zonas verdes, entre otros. Igualmente, se dio el visto bueno a la incorporación como suelo urbano no consolidado de los asentamientos urbanísticos de Cerro Molina, La Manseguilla, Tentesón I y II y Bermejales, entre otros.
Con respecto a los asentamientos existentes en zonas de las vegas de los ríos, como los denominados Puentes, se advertía que el plan mantiene la propuesta del planeamiento actualmente vigente, por lo que no se propone nada nuevo para esta zona.
Por otro lado, la Comisión informó desfavorablemente sobre las diferencias existentes entre aprovechamientos de distintos ámbitos que superan el diez por ciento, de modo que existían diferencias entre zonas residenciales, comerciales o terciarias e industriales, incluso, entre sectores dentro del mismo uso, por lo que se considera que no queda garantizada una justa distribución de cargas y beneficios.
