La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Objetivos Comunes ‘OCO’ ha interpuesto una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional porque no pueden acceder a su sede vecinal tras el embargo de la misma “por error” y el cambio de la cerradura.

La semana pasada, una comisión judicial, acompañada del representante de la comunidad de propietarios de Las Protegidas, procedió al cambio de cerradura de la sede de la calle ‘Andújar’ y a la toma de posesión por parte de la comunidad. Los hechos se enmarcan dentro de un procedimiento de embargo que comenzó hace un tiempo contra las cuotas impagadas a la comunidad por parte del Ayuntamiento, propietario de varios locales y pisos en la zona.

Ante las dudas surgidas, se aclaró que el inmueble objeto del embargo era el correspondiente a la actual sede de la Asociación de Amigos del Festival de Otoño. De ahí que OCO denunciara “irregularidades” que han provocado su “indefensión”, como la “falta de notificación alguna durante todo el procedimiento judicial”, ya que OCO es parte interesada en el asunto.

“Denunciamos la ausencia de los servicio jurídicos municipales en momentos tan importantes como el del día en el que se procedió a un atropello contra nuestros intereses al no estar presentes estos servicios públicos y corregir el error en cuanto a la ejecución de un inmueble que no correspondía. Se presentó documentación que acreditaba que el objeto del proceso era el local A, cuando la sede de OCO se ubica en el local B”, reconoce la presidenta de la Federación, María Cantos.

La denuncia la presentaron en el juzgado número 1, donde pudieron ver el expediente. “Hemos comprobado que la orden de lanzamiento iba contra el local letra A, el de la Asociación del Festival de Otoño y además tampoco coincidía el número de referencia catastral”, dijo Cantos.

Desde el 25 de enero  no han podido acceder a la sede y tienen constancia de que hay personas ajenas a esta organización con acceso al interior de la misma, donde OCO mantiene su  documentación, talonarios, facturas y equipos informáticos.

Cantos asegura que “nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el juzgado” y que se sienten “engañados”.

Por todo ello, lamentan la “nefasta gestión municipal” que, por un impago de unos 600 euros, ha perdido un patrimonio inmobiliario, sea cual sea finalmente el local.