Eva Bravo, diputada socialista y trabajadora de Emuvijesa, ha tratado de frenar el proceso de estabilización impulsado por la empresa municipal al amparo de la legislación aprobada por el Gobierno central para reducir la temporalidad en este tipo de sociedades.

El consejo de administración de Emuvijesa se reunió el pasado 27 de mayo para aprobar la oferta de empleo pública del proceso de estabilización contenido en Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Este procedimiento conlleva la convocatoria de un concurso extraordinario y excepcional de méritos para aquellas plazas ocupadas temporalmente durante cinco años o más, afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Teniendo en cuenta el informe jurídico elaborado al efecto y previo consenso alcanzado con el delegado de personal de los trabajadores y trabajadoras de la empresa en asamblea, se considera que deben someterse a proceso de estabilización dos plazas de ingeniero superior, cuatro de técnico superior y atención o gestión social, y una última de arquitecto técnico aparejador. Se entiende que el resto de plazas ya tiene estabilidad en el empleo en dicha entidad.

Eso significa que Eva Bravo, actualmente en excedencia por su condición de diputada, tendría que someterse al proceso de estabilización para consolidar su puesto mediante un concurso de méritos.

Según ha podido constatar este medio por el acta de la sesión del consejo, Bravo remitió mensajes a varios consejeros de la sociedad, al gerente y al representante sindical de la empresa municipal para tratar de frenar este procedimiento e incluso un escrito a la propia presidenta de Emuvijesa, Mamen Sánchez.

En algunos de esos mensajes, la diputada socialista advertía a los consejeros de que podían incurrir en un presunto delito de prevaricación si votaban a favor del procedimiento.

Estas circunstancias motivaron que los representantes del PP y Ciudadanos votaran en contra del inicio del proceso, mientras que Ganemos optó por abstenerse. En el resto de las empresas municipales todos los partidos habían votado a favor del inicio de este procedimiento.  

La propia Eva Bravo ha utilizado estos días las redes sociales para denunciar públicamente lo que considera un ERE “encubierto”, cuestionando el procedimiento seguido por la empresa municipal de la que fue gerente hasta lograr su escaño como diputada.