Ecologistas en Acción estudia iniciar acciones legales contra la Junta de Andalucía por autorizar proyectos fotovoltaicos y eólicos que pueden causar un “grave daño ambiental”, lamentando que no se esté respondiendo siquiera a los recursos que se interponen ante algunos procedimientos.

Así, la falta de respuesta a las alegaciones presentadas respecto al impacto generado por distintos proyectos de energías renovables “hace sospechar sobre la falta de transparencia en los criterios a la hora de conceder las autorizaciones administrativas”.

De otra forma “no se entiende que se puedan autorizar proyectos como el que se pretende construir en las cercanías de Jerez, en la finca denominada Cuartillos”.

En este sentido, la organización recuerda que un estudio realizado “por una solvente consultoría ambiental” localizó en esa finca hasta 57 especies diferentes de aves durante un muestreo de cinco horas, “concluyendo en su informe que no se debería ubicar la explotación fotovoltaica en ese lugar por el impacto que tendría sobre la avifauna”.

Entre esas aves se encontrarían ejemplares de especies amenazadas como la cerceta pardilla, el porrón pardo, la focha moruna o la avutarda, por citar algunas de ellas.

Recientemente, Ecologistas en Acción ha tenido noticias “de la pretensión de ubicar una planta fotovoltaica junto a las Reservas Naturales de las Lagunas de Jerez”. Si la evaluación ambiental se hiciera correctamente “no sería posible autorizar ese proyecto”, pero dados los antecedentes en otras zonas de alto valor ambiental la organización entiende que “existe riesgo de que se ignore la legislación y finalmente se autorice”.

Es “incomprensible” que la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul pueda dictaminar favorablemente “sobre la construcción de proyectos que a todas luces van a causar un daño ambiental irreparable en espacios valiosos”.

Por todo ello, y “ante la sospecha de que no se está velando por el interés general y de que puedan existir intereses espurios”, Ecologistas en Acción va a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables de autorizar los proyectos, ya que “no es admisible que se autorice la construcción de explotaciones a sabiendas de que no deberían ser autorizadas dado el gran impacto negativo que generarán”.

Ecologistas advierte finalmente de que la ciudadanía “no debe permitir” que “la incapacidad de la clase política y las presiones ejercidas por las empresas acaben con un patrimonio natural tan rico como el de la provincia de Cádiz”.