La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha asegurado hoy que los pagos de la deuda al Ministerio de Hacienda tienen “prioridad absoluta” sobre el resto aunque carezcan de consignación presupuestaria, respondiendo de este modo a la decisión del PSOE de denunciar el abono de 10 millones de euros ante el Tribunal de Cuentas.
Para García-Pelayo, la actuación del Gobierno local está avalada por el artículo 135 de la Constitución Española y por la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Además, recuerda que la exalcaldesa, Mamen Sánchez, elaboró en 2020 un plan de disposición de fondos en el que se dejaba claro “en qué orden había que pagar” los compromisos adquiridos y anteponiendo ante otras cuestiones el pago de la deuda financiera.
Sin embargo, “a pesar de ese plan de disposición de fondos y de que el PSOE sabía que había que hacer esos pagos, cuando prorrogó a 2023 el presupuesto de 2023 no incluyó crédito” para hacer frente a las obligaciones contraídas con el Ministerio de Hacienda.
Según García-Pelayo, cuando en diciembre se hizo ese abono de casi 10 millones de euros Hacienda “conocía las carencias de crédito” del Ayuntamiento “y aún así ordenó el pago”, existiendo además un informe de Tesorería en el que se advertía de la necesidad de hacer frente a esa obligación.
“Hicimos simple y llanamente lo que la ley dice que hay que hacer y lo que los ciudadanos esperan que hagamos, que es cumplir con nuestras obligaciones y pagar la deuda, porque en caso contrario el Ministerio de Hacienda nos hubiera retenido la PIE”, argumenta la alcaldesa.
Incluso, García-Pelayo ha recordado que el PSOE “pagó de la misma manera” en 2023, esto es, sin crédito presupuestario, “pero no al Ministerio de Hacienda, sino a la Seguridad Social, por importe de 2 millones de euros y sin cumplir la prelación de pagos”.
La alcaldesa ha pedido por tanto al PSOE “que se aclare, si quiere que paguemos o que no paguemos la deuda del Ayuntamiento”, entendiendo que “le pueda molestar” la actuación del Gobierno local “porque igual esperaban que se generase un caos y un desorden” y en su lugar hay “orden, cumplimiento de las obligaciones, y la ciudad avanza”.
García-Pelayo cree que el PSOE de Jerez “se está metiendo en un lío”, que justifica quizá en el deseo “de alguno de ellos de hacer méritos”. “Les pediría que hicieran lo mismo que Pedro Sánchez, que se fueran unos días al rincón de pensar y valorasen qué oposición están haciendo, porque los ciudadanos quieren un Gobierno que trabaje y una oposición que critique con fundamento”, concluyó.
El PSOE niega que la Constitución y la Ley de Estabilidad permitan pagos sin crédito presupuestario
El portavoz del grupo socialista, José Antonio Díaz, niega que se puedan pagar diez millones de euros “sin crédito presupuestario”, asegurando que “ni la Constitución ni la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo autorizan”.
“La alcaldesa Pelayo tiene un problema con las matemáticas y con la legalidad. Ahora bien, Pelayo no debería de preocuparse tanto si cuenta con los informes necesarios, deben ser otros los que tengan la preocupación”, añade.
Díaz cree que el PP “se está enredando en ilegalidades, que se justifican quizá en el deseo de la alcaldesa de hacer méritos a toda costa para ser eurodiputada” y pide a Pelayo “que no haga lo mismo que Feijóo, mentir a sabiendas”. “Que se vaya unos días a Madrid a reflexionar qué clase de gestión municipal está haciendo en nuestra ciudad. Los ciudadanos quieren un Gobierno que no mienta, que no suba los impuestos e incremente el gasto de personal por encima de la Ley de Presupuestos, que no le dé contratos públicos a la prima de su concejal, y que no conduzca a la ruina económica al Ayuntamiento, Fundarte y Comujesa”, sostiene.
Por último, el portavoz socialista advierte de que su oposición “va a ser la de fiscalizar con responsabilidad y fundamento a un Gobierno débil que gasta más de lo que ingresa”. “El PSOE exige orden económico y seriedad en la gestión municipal, al igual que los últimos ocho años de gobierno socialista. Estamos advirtiendo del despilfarro económico de este Gobierno, que provocará impagos a empresas y autónomos, nóminas, peores servicios públicos, menos ayudas sociales y el abandono de los barrios”, concluye José Antonio Díaz.
