El primer Pleno sanroqueño del año 2009, de carácter ordinario y correspondiente al mes de enero, dejó una imagen destacada: la nueva concejal delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Rosa Macías, sentada junto al alcalde, José Vázquez, en la mesa presidencial, mientras que el edil ex delegado y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, tras un largo período de tiempo ocupando esa plaza, volvió al lugar originario desde donde comenzó como concejal.
Además, el Pleno, bastante corto de duración (una hora y cuarto) abordó 15 puntos dentro de su orden del día. Uno de ellos, el número 11, dio cuenta de dos decretos de la Alcaldía, relativos ellos al nombramiento de Macías como nueva segunda teniente de alcalde y al nombramiento como nueva delegada de las parcelas que hace varios meses ocupara el destituido Ruiz Boix.
La concejal socialista Regina Cuenca intervino durante el punto. “Felicito a Macías y muchos deseos en su nueva andadura. Me gustaría que hubiese sido en otras circunstancias”, enfatizó, al tiempo que afirmó también que “va a tener a estos cinco compañeros (Miguel Núñez, Herminia Moncayo, Juan José Guillén, Juan Carlos Ruiz Boix y ella misma) para ayudarle (a Macías)”, sorprendiendo que excluyera de la lista al primer edil y también compañero socialista, José Vázquez.
El punto siete, uno de los más polémicos de la tarde y relativo al supuesto “acoso” de Ruiz Boix hacia la funcionaria Antonia Guadalupe Girón Regordán, fue dejado sobre la mesa a propuesta de Macías con la única abstención del Grupo Municipal Popular (PP), debido a que, dijo Macías, “el tema del acoso ya está en los juzgados”. El punto era ratificar el decreto del Departamento de Recursos Humanos número 3.107, el cual ordenaba la apertura de un expediente indagatorio sobre la realidad del supuesto “acoso” de Ruiz Boix hacia Girón.
Toque de atención
Durante otro punto, el número nueve, correspondiente a dar cuenta del decreto del Departamento de Recursos Humanos número 3.108, el presidente de la Corporación, José Vázquez, llamó la atención a su compañero socialista Juan Carlos Ruiz Boix. Cuando éste quería intervenir, Vázquez aclaró a Boix que el punto sólo se limitaba a dar cuenta y que no era necesario debatir nada. El decreto se refería al asunto de la parcela 022-TG y, concretamente, al expediente de investigación abierto para dilucidar si las cartas enviadas por la empresa Sotogolf a técnicos y a políticos electos del Ayuntamiento podrían presuntamente constituir los supuestos delitos de coacción y de amenazas.
También sobre el 022-TG, Ruiz Boix solicitó al Pleno que enviase al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el acta de la sesión extraordinaria celebrada el pasado 23 de octubre de 2008, con 34 páginas y con un único punto dentro de aquel orden del día.
Durante el punto número 10, correspondiente a dar cuenta del auto de la sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz relativo a las diligencias previas número 676/07 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de San Roque, el concejal delegado de Urbanismo y portavoz del Grupo Municipal de Unidad por San Roque (USR), José Antonio Ledesma, no intervino, pero sí Ruiz Boix, quien afirmó que “pensaba que Ledesma iba a intervenir en este tema”, diciendo a continuación que “la justicia ha desestimado el recurso y ha quedado demostrada la inocencia de Gavino y la de otros compañeros”. Posteriormente, Ruiz Boix recordó algunas partes del auto. La edil de USR Marina García felicitó al ex consejero delegado de la empresa municipal del Suelo y la Vivienda (Emroque) Ángel Gavino, a su compañero Ledesma y al gerente de Emroque, Luis Crespo, por ser exculpados por el caso Procam, ya cerrado definitivamente desde finales del pasado mes de noviembre de 2008.
Sufrimiento
“Sabemos que Ledesma y su familia lo han pasado mal, y se ha hecho sangre desde la prensa”, dijo García sobre el proceso judicial vivido durante el pasado.
Por su parte, el popular José Cabrera, uno de los denunciantes junto al portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, en el caso Procam, contestó a Boix que “se ha erigido en el factotum de la legalidad” y dijo que el dar cuenta del auto “no es un tema del Pleno, sino de la empresa” Emroque. Además, Cabrera se congratuló por que “la Audiencia no haya encontrado ilícito penal” y aclaró que con la denuncia no se escondía “nada personal, sólo la misión de controlar al equipo de Gobierno”. Mayoral también se sumó a la misma felicitación realizada por Cabrera.
