Afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el pasado verano mandó al paro a 260 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez se están planteando denunciar al Gobierno local por la vía penal. Las razones, según ha podido saber este periódico, estarían relacionadas principalmente por la arbitrariedad empleada y ratificada hace ahora dos meses por sentencia judicial a la hora de seleccionar los nombres y apellidos de los empleados que entrarían en la ‘lista negra’ del ERE. Una práctica que consideran “ilegal” y que les habría empujado a recurrir a este extremo toda vez que el Alto Tribunal hiciera referencia explícita a esta arbitrariedad en los hechos probados de la sentencia del juicio del ERE, y por la que en estos momentos están realizando consultas jurídicas para asesorarse al respecto.
Además, los promotores de esta medida tienen intención de hacer extensiva esta demanda penal a los técnicos municipales que también declararon en el juicio que acogió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a cuyo criterio recurrió el Gobierno local para realizar los informes valorando sus servicios.
En estos momentos, el número de extrabajadores del Ayuntamiento que han decidido dar este paso ya supera la veintena, aunque el balance final puede variar considerablemente ya que cada día son más los compañeros que están dispuestos a costear de su propio bolsillo esta decisión, confiados en que un juez les puede dar la razón. Su intención es que la presentación de esta demanda no se demore demasiado en el tiempo mientras esperan que el Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por las secciones sindicales en busca de la nulidad de los 260 despidos.
