Ecologistas en Acción ha mostrado su más enérgico rechazo al proyecto de ampliación del vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de Bolaños, propiedad de Verinsur S. L, en Jerez, y ha reclamado su clausura y sellado por no cumplir los criterios de la Unión Europea en su programa de Economía Circular, que plantea la reducción progresiva de los residuos que se llevan a la mal llamada “eliminación”, dado que simplemente son enterrados.
La organización advierte en las alegaciones a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de las instalaciones, en exposición pública desde el 13 de abril, que “el tratamiento de valorización, por reciclaje o reutilización, a 2.200 toneladas de residuos no peligrosos y más de 10.000 toneladas de residuos peligrosos que dio Verinsur en 2019 es una cifra claramente insuficiente y muestra que no se está acometiendo proyecto alguno para reducir el porcentaje de residuos llevado a vertedero”.
Y advierte de que “la pretensión de prolongar la actividad del vertedero hasta 2035 representa una renuncia a hacer efectivos estos compromisos legales de recuperación y reciclado de los residuos, haciéndonos acreedores de las multas que inevitablemente llegarán por llevar a vertido residuos que no debieran ser eliminados”.
Bolaños recibe además los rechazos generados en la planta colindante de tratamiento de residuos municipales Las Calandrias y, con el decreto de alarma, los residuos urbanos “bolsa gris sin concluir previamente su proceso de clasificación” procedentes de Jerez, El Puerto y Rota y Arcos, dos de los motivos para solicitar la ampliación del depósito antes del verano, de acuerdo a la orden dictada por el delegado de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, antes del verano.
“No es cierto que este depósito es fundamental para poder seguir prestando servicio”, sostiene Ecologistas en Acción. En primer lugar, apunta, la planta no recibe los residuos para los que estaba diseñada, los de la Sierra y la Costa noroeste. Por otro lado, la recepción de residuos de los municipios de la Sierra no será necesaria a partir del funcionamiento de la planta de compostaje de Villamartín, en proyecto, y, por último, “la planta de Las Calandrias arrastra problemas de descapitalización recortes de plantilla y mala gestión por lo que su optimización para efectuar de verdad un tratamiento mecánico biológico, con el compostaje de la fracción orgánica en primer término, no solo es una exigencia medioambiental, sino una obligación legal”, que minizaría de manera drástica el vertido a Bolaños. y haciendo innecesaria su ampliación.
Proyecto indefinido y contaminante
El espacio reservado para la instalación de valorización, con 55.000 metros cuadrados, queda indefinido. Ecologistas en Acción reclama a Verinsur que precise “qué cantidades serán recuperadas y con qué horizontes de actuación deberían formar parte del proyecto”. Y advierte de que las 730 toneladas de metano generadas por fermentación de la materia orgánica en 2018 deberían ser aprovechadas energéticamente y no limitarse a quemarlos en antorcha mediante combustión controlada.