Los puestos de trabajo que generarán las plantas fotovoltaicas que promueve Repsol en el término municipal de Jerez se contarán “con los dedos de una mano”, según las estimaciones de Ecologistas en Acción, que advierte de que una vez en marcha, estas instalaciones apenas precisan de un servicio de “vigilancia y mantenimiento”, ya que “todo está automatizado”.
Según Daniel López, de la organización conservacionista, es tipo de plantas solares no traen consigo “la revolución laboral” de la que se habla en ocasiones, hasta el punto de que “algunos alcaldes” de la provincia, sobre todo del entorno del Campo de Gibraltar, ya se están dando cuenta de que “no se genera empleo local” y de que además “se hipotecan zonas que ni siquiera son de secano” a pesar de que “muchos agricultores quieren seguir viviendo de la tierra” y no limitarse a recibir un dinero por la cesión de sus terrenos.
Por el contrario, una planta solar de 50 megavatios precisa de “muy pocos empleos”, justo los necesarios para garantizar las tareas de vigilancia, para mantener a raya la maleza y limpiar las placas solares, toda vez que “los paneles se ensucian y reducen su rendimiento”.
Argucias legales
Hace apenas un par de meses, la Junta de Andalucía declaró “de interés estratégico” el proyecto fotovoltaico de Repsol en Jerez, con una inversión estimada de 107,2 millones de euros que contempla la implantación de cinco plantas solares fotovoltaicas con una potencia total de 204 megavatios.
Ecologistas en Acción alerta en este sentido de que los promotores de estas plantas recurren a la estratagema de seccionar estos proyectos para que que cada una de las plantas no supere los 50 megavatios de potencia.
De este modo se evita que la iniciativa deba obtener el visado estatal, ya que es suficiente con el visto bueno de la Comunidad autónoma. Así se eliminan trabas y se agilizan los trámites administrativos.
Desde Ecologistas en Acción se acusa a la Junta de mantener una normativa obsoleta que data del periodo de gobierno de Manuel Chaves.
Desde entonces se han hecho “tímidos intentos de regulación, algunos enterrados antes de nacer, como ocurrió con la Guía para el análisis de ubicación de las instalaciones de energías renovables”, realizada por los técnicos de la Junta y retirada a finales del año pasado “ante la presión de las empresas inversoras”.
La organización cree que “no es admisible que los intereses de los empresarios del sector se antepongan al interés general o al de otros sectores que se van a ver seriamente afectados, como la agricultura, la ganadería extensiva e incluso el turismo”.
Según información facilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, a finales de 2020 se tenía constancia de trece proyectos en trámite para el término municipal de Jerez que multiplicarían por cinco la potencia ya en construcción.
Aparentemente todo ello puede parecer una buena noticia porque en la fase de construcción se necesita mano de obra, si bien Ecologistas en Acción duda de que se contrate a trabajadores locales “dado el grado de especialización que se requiere”.
“Lo que sí es seguro es que se van a perder actividades económicas que se han desarrollado tradicionalmente en nuestro territorio. No tiene sentido crear nuevos puestos de trabajo a costa de destruir los ya existentes en actividades cruciales para la economía de la provincia. Además, se va a favorecer la implantación de multinacionales o grandes empresas que tributan fuera, con el perjuicio para las locales”, subrayan desde esta organización.
Ecologistas en Acción considera por tanto “urgente” desarrollar una regulación y planificación adecuadas para evitar que la “magnífica oportunidad” que representan las renovables “sólo sirva para enriquecer a unas pocas empresas”, como es el caso de Repsol, que abandera la mayoría de proyectos en Jerez.
