Esta semana se han cumplido treinta años del primer naufragio documentado de una patera en las costas de la provincia. Treinta años de la aparición del primer cadáver. En aquel viaje perecieron 18 inmigrantes de los 23 que partieron desde Tánger un 1 de noviembre de 1988. Solo cinco de ellos lograron alcanzar a nado la playa de Los Lances en Tarifa; la mayoría no sabía nadar, y de los fallecidos solo se recuperaron los cuerpos de nueve de ellos.
Cuentan que la Guardia Civil llegó a pensar en un principio que aquellas embarcaciones eran un nuevo intento para introducir droga en la península, pero tardaron muy poco en comprobar que no era sino la nueva vía que habían encontrado muchos magrebíes para llegar a España de forma clandestina, aunque el precio fuese la vida misma.
Desde entonces hasta ahora se calcula que casi 266.000 inmigrantes han llegado a las costas andaluzas, de los que más de 43.000 lo han hecho este mismo año, como consecuencia del desvío de las rutas migratorias de acceso directo a Europa. Además, hay registradas unas seis mil muertes, que elevan la cifra total hasta las 18.000 si añadimos a los desaparecidos en aguas del Estrecho o del Mediterráneo. La imagen de aquel primer fallecido, enterrado de forma anónima, como muchos más después que él, en una fosa común en el cementerio de Tarifa, sirvió para situar el nuevo drama de la inmigración en el mapa del mundo, convertido a partir de entonces en el eco de un lamento al que le han sucedido nuevas imágenes del horror, de forma constante, como las de los cadáveres consumidos y casi escupidos por el mar en varias playas de la provincia en el invierno de 2004, o la de Samuel, el “Aylan español”, aparecido hace año y medio en una playa de Barbate. Testimonios gráficos que no han servido, ya para conmover las conciencias bien plantadas en los despachos de Bruselas, sino para intervenir de forma solidaria o planificada, y menos aún en origen, donde se encuentra la raíz del problema.
Ni siquiera es un tema presente en la precampaña a las andaluzas, pese a que es Andalucía la que está asumiendo competencias ante las que ha terminado desbordada, como ha ocurrido con el caso de la acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a la provincia, hacinados en muchos casos en centros que ni siquiera están preparados para esta función y en los que resulta muy complicado llevar un control de cada uno de los chicos, sin olvidar la situación de desamparo en que queda la mayoría de ellos cuando cumplen los 18 años.
Hasta ahora, salvo que se les pregunte directamente a los candidatos, poco que contar, convertido el escenario político en casi un referéndum sobre si el PSOE debe o no seguir gobernando en Andalucía, y al que puede seguir otro conflicto más delirante aún: la necesidad de convocar de nuevo elecciones por la falta de apoyos para formar gobierno o la incomodidad de hacerlos públicos a unos meses de las elecciones municipales.
No sé a quién beneficia más o menos este debate sobre los sillones de San Telmo, ni el consabido empeño en darse todos por vencedores de cara al 2 de diciembre, como si fuese necesario el convencimiento previo; tampoco este todos contra todos como preámbulo de la función, que no deja de ser una pretendida distorsión de la auténtica necesidad que prevalece por encima de ellos en la búsqueda de alianzas, pero más allá de varias líneas maestras, hay bastante poco de lo que extraer conclusiones a partir de sus particulares recetas para mejorar Andalucía.
Entiendo que llegará el momento de ponerse serios; el momento en que Susana Díaz deje de pasearse por los pueblos en busca de la cercanía de la gente, el momento en que Pablo Casado e Inés Arrimadas tengan poco más que aportar en favor de sus candidatos, el momento en que Pedro Sánchez deje de ser la excusa para salir en los telediarios, y el momento de hablar de Andalucía y de los andaluces, que son a quienes les gustaría tener la última palabra.
