El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo miércoles al exalcalde de la localidad malagueña de Casarabonela Sebastián Gómez por conceder una licencia supuestamente ilegal, sin informe jurídico y con un informe técnico negativo. La Fiscalía pide un año de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público; y además acusa al particular que realizó la obra.

   Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, un particular solicitó en febrero de 2006 la licencia municipal para reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el término municipal de Casarabonela. Se abrió un expediente y en mayo de 2007 la técnico municipal emitió un informe "no favorable".

   "A pesar de ello", dice la acusación pública, el entonces alcalde dictó un decreto otorgando el permiso "sin informe jurídico y sin condición alguna, a sabiendas de la ilegalidad de dicha concesión". Unos días después se notificó la concesión de la licencia especificándose en el decreto de notificación que era "necesario presentar el proyecto de ejecución para comenzar las obras".

   Pero, el fiscal sostiene que "sin aportar ningún documento más al expediente", el particular comenzó las actuaciones consistentes en la ampliación de la vivienda, obra realizada en suelo clasificado como no urbanizable rural, según las normas urbanísticas vigentes en ese momento en Casarabonela. Así, agentes del Seprona comprobaron en una inspección en 2008 que se estaban ejecutando las obras.

   En abril de 2009, la técnico municipal hizo una inspección, comprobando que las obras estaban casi finalizadas. Según el ministerio público, la construcción no es susceptible de legalización y fue llevada a cabo por el particular "tratando de ampararse en una licencia ilegal, al haberse concedido pese al informe desfavorable del arquitecto-técnico y sin presentar proyecto de ejecución".

   Para el fiscal, los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio. Así, acusa al particular por este delito, solicitando nueve meses de prisión, multa de 6.700 euros e inhabilitación para realizar obras y construcciones durante dos años y seis meses. Además, se insta a que proceda a la demolición de lo construido.

   En el caso del entonces regidor socialista, Sebastián Gómez, se le acusa del mismo delito y se solicita un año de cárcel y ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.