La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado más de 226 años de prisión para el exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, por numerosos delitos en el caso "Arcos" contra la corrupción urbanística, en el que acusa a otras 48 personas.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Málaga para 49 imputados después de que la instructora del caso procesara el pasado junio a 51 personas en este caso, entre ellas a Martín Alba, que dejó el PSOE tras su detención en la causa y es concejal independiente.
La Fiscalía acusa al exalcalde de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias por los que le pide penas que superan los 226 años de prisión y los 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Por su parte, para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, el fiscal solicita un total de 111 años de prisión por los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho, ordenación del territorio y falsedad en documento oficial.
Pese a estas elevadas penas, el fiscal alude en su escrito al límite máximo de cumplimiento establecido en el artículo 76.1 del Código Penal, que establece -salvo excepciones- como topes máximos de condena el resultado de multiplicar por tres la mayor de las penas en que haya incurrido el condenado o un máximo de 20 años, de forma que el resto de tiempo de cumplimiento quedaría extinguido.
El procedimiento denominado Arcos se ha centrado en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en Alcaucín, dio lugar a la imputación de más de 70 personas y se cerró la fase de instrucción en junio pasado tras generar actuaciones que ocupan casi 50.000 folios.
La acusación se dirige contra 27 empresarios de la promoción urbanística, el exalcalde y dos familiares, seis funcionarios municipales o de la Diputación de Málaga, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.
Anticorrupción describe hechos ocurridos de 1999 al 2010 que califica como 90 delitos de falsedad ideológica -en algunos casos se manipulan firmas, sellos y textos- "cometidos por una autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento, la Diputación o el Catastro Inmobiliario, con frecuencia inducidos por promotores beneficiados o sus representantes".
También señala delitos de falsedad en documento oficial o por imprudencia grave y 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al exalcalde por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes.
Igualmente califica 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales y otros de cohecho, fraude, malversación, estafa, estafa procesal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, actividades prohibidas a funcionarios y de intrusismo profesional.
Al tratarse de hechos anteriores a la reforma del Código Penal del 2010, han prescrito numerosos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares.
La Fiscalía señala que "tan prolongada actividad delictiva se sitúa en los años del auge urbanístico, que en el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable".
Añade que eso hizo que "se multiplicaran las infracciones urbanísticas" y que "el Ayuntamiento no sólo hiciera dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que tratara de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable".
Anticorrupción considera que "se aprovecharon fallos del sistema" y destaca "numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas de mayor importancia" y "la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario, gracias a la colaboración de funcionarios".
