El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), ha declarado hoy como investigado por los pagos que el Ayuntamiento ha efectuado a un empresa de servicios y limpieza sin que presuntamente existiese ningún contrato con la mercantil, valorados en más de 700.000 euros.
La empresa Limpiezas Crespo SA realizó entre abril de 2016 y diciembre de 2017 trabajos de vigilancia, conservación, mantenimiento y limpieza de diferentes edificios y jardines municipales, pese a que no había ninguna vinculación contractual con la misma.
El interventor municipal efectuó distintos reparos al pago de las facturas correspondientes a estos servicios, que fueron levantados por el alcalde.
El principal partido de la oposición, el PP, denunció esta situación el pasado mayo ante la Fiscalía, que acordó incoar diligencias de investigación penal, y, a raíz de estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 5 de Vélez-Málaga investiga un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del Ayuntamiento.
Fuentes municipales han informado a Efe de que, en su declaración, el alcalde ha explicado que los trabajos y los pagos se efectuaron ante la necesidad de prestar servicios públicos que no podían esperar el desarrollo de los procedimientos establecidos para ello.
Asimismo, ha indicado que el Ayuntamiento inició los trámites para licitar la contratación de estos servicios, pero el proceso se paralizó tras la impugnación por parte de varias empresas, y ha recordado que el anterior equipo de gobierno también prestó servicios con Crespo en las mismas circunstancias.
En su denuncia, el PP manifestó que, cuando se extinguió el contrato con esta mercantil, en mayo de 2015, se subrogó a sus trabajadores a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvipsa).
Sin embargo, según las fuentes municipales, fue en agosto de 2010 cuando Crespo dejó de tener contrato con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, y el alcalde ha manifestado que el PP también realizó pagos a esta empresa “con los mismos reparos por parte de la Intervención”.
Las mismas fuentes han precisado que, en 2013, la Fiscalía también incoó diligencias de investigación a raíz de una denuncia similar de IU contra el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, y que en aquella ocasión el asunto fue archivado.
Además del alcalde, también han declarado el interventor municipal y un funcionario en calidad de testigos.
