El exedil de Marbella que estuvo casi cinco años fugado, Francisco Javier Lendínez, ha pedido perdón al Tribunal "por no haber comparecido en su momento" en el juicio del caso 'Malaya' y por las molestias causadas; y ha dicho que su marcha fue por cuestión "humanitaria", en referencia a una enfermedad que sufría su pareja. La Sala ha accedido a decretar la libertad por esta causa, aunque tiene condenas de cárcel pendientes de cumplir.
El Tribunal de 'Malaya' ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio a este exconcejal, para el que la Fiscalía solicita ocho años de prisión por los delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Las representaciones del Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía también lo acusan por los mismos hechos; mientras la defensa pide su absolución, al considerar que no se le puede imputar delito alguno.
Las acusaciones sostienen que los archivos intervenidos en la empresa Maras Asesores, vinculada al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, aluden a dos pagos de 6.000 euros a LB, que identifican con Lendínez, en diciembre de 2004 y febrero de 2005, cuando estaba ya en la oposición. Además, se le acusa por aprobar como miembro de la comisión de gobierno un convenio que supuso un perjuicio municipal de 1,3 millones.
En su derecho a la última palabra, el acusado ha asegurado que en cuanto esa cuestión personal quedó resuelta se puso en contacto con su defensa y a disposición de la justicia. Su abogado ha pedido la libertad por esta causa, al haberse celebrado ya el juicio, algo con lo que se han mostrado a favor las acusaciones, quienes, no obstante, han indicado que eso no debe suponer su puesta en libertad efectiva, instando a que cumpla las condenas pendientes.
El presidente de la Sala ha informado de que este mismo lunes se acordará la libertad por esta causa, sin perjuicio de que cumpla las sentencias pendientes. Lendínez tiene 10 condenas a penas de prisión por delitos urbanísticos, relativos a la concesión de licencias de obras, que ahora tendrá que cumplir; y además está imputado o procesado en varios procedimientos que aún están en fase de instrucción.
Asimismo, el exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) ha dicho estar "muy arrepentido de cómo actué", apuntando: "siempre confié en los que estaban a mi alrededor" y pensando en que hacía lo mejor para los vecinos de Marbella. Ha negado haberse beneficiado y ha indicado que sólo hizo "lo que me decía el sentido común", aunque reconoce que debió "haber paralizado el Ayuntamiento, haber mirado expediente por expediente y haber preguntado todo lo que no sabía".
"Esa responsabilidad la acepto", ha indicado el exconcejal, pero ha añadido que no admite que actuara sabiendo que estaba cometiendo una ilegalidad, insistiendo en que en las comisiones de gobierno de Marbella "no se daban los informes ni se daba a conocer el trasfondo" de los asuntos, apuntando que igual que no desconfiaba de cuándo se aprobaba un tema de otra área, tampoco lo hacía cuando se trataba de urbanismo.
Pero la Fiscalía sostiene que sí cometió delito. Así, considera que está corroborado que LB era él, por la interpretación que los investigadores han hecho de los archivos intervenidos y por las declaraciones durante la instrucción de acusados, como Carmen Revilla, aunque luego se retractara en el juicio. Ha aludido a que aunque Roca dijo que no era Lendínez, luego se remitió a lo declarado en la vista oral, cuando sí lo identificó con esas siglas.
MANTENER LA CORRUPCIÓN
Para el fiscal, Roca pagó a Lendínez para mantener la situación de "ilegalidades" y su poder en el urbanismo. Así, ha explicado que se quiso "contar con las voluntades de los concejales aunque estuvieran en la oposición" con el fin tanto de "mantener el statu quo" en Marbella, donde en los asuntos de urbanismo "no mandaba la corporación sino Roca"; como la situación creada "con decisiones históricas claramente irregulares".
Así, ha indicado que se da "una de las situaciones más graves de la corrupción administrativa", cuando, como ya consideró la Sala de 'Malaya' para los otros acusados, se puso a los que eran concejales "en nómina" para mantener eso, aludiendo en este punto, aunque "salvando las distancias", a las manifestaciones de un arrepentido de una organización criminal del sur de Italia, quien decía que "a la organización no le importaba quien gobernara".
Así, ha recordado que los que aportaban dinero "pagan en relación con obras autorizadas" y ha insistido en que se daban sobornos a los exediles para mantener la situación creada de irregularidades "a toda costa" y que "todo el edificio no se viniera abajo". En cuanto al convenio de permuta, ha dicho que el exedil como los otros miembros de la comisión de gobierno era "plenamente consciente de la innecesariedad y del perjuicio patrimonial".
Las otras acusaciones han coincidido con la Fiscalía en los argumentos anteriores y también en el manejo de efectivo de origen "desconocido" por parte del acusado y en la "deliberada falta de control de la legalidad", apuntando que no hay constancia de que estando en la oposición Lendínez se hubiera opuesto al sistema urbanístico que existía, por lo que "entendemos que se le estaba retribuyendo".
TODO LO CONTRARIO
Su defensa ha sostenido que la acusación "hace aguas por todos lados", para empezar, ha explicado, porque si se analiza la estructura de los archivos intervenidos, las iniciales LB no se corresponden con él, al estar junto a personas que eran miembros de la comisión de gobierno cuando su cliente no lo era. A esto ha añadido que hubo "confusión" en cuanto al grupo mixto en el que estaba el acusado.
Ha dicho que es "imposible" mantener el statu quo con el poder que tenía Lendínez en la oposición y ha indicado que hay documentos que acreditan "los obstáculos" que puso a iniciativas del equipo de gobierno en los plenos. También, el letrado ha asegurado que tiene "serias dudas" de que los ediles de la comisión de gobierno supieran lo que suponían los convenios de permutas que aprobaban y los aprovechamientos urbanísticos.
Asimismo, ha justificado que los ingresos en sus cuentas eran de las asignaciones del grupo mixto que se les debía y ha aludido al dinero que ganaba su pareja con la que convivía en relación con el manejo de efectivo.
