El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha remitido al Tribunal Supremo (TS), que le investiga por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006, un escrito de este centro docente que indica que el magistrado ni pidió ni recibió dinero del Banco Santander.

El documento ha sido aportado en el Alto Tribunal por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, junto a un escrito en el que pide al Alto Tribunal que éste sea acumulado a la causa.

La citada Universidad certifica que fue el Centro Rey Juan Carlos I de este centro el que pidió y recibió financiación del Banco Santander Central Hispano para planificar, organizar y documentar dos importantes series de coloquios: “Diálogos Transatlánticos” y “Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica”.

Señala que el Centro Rey Juan Carlos “administró y gastó estos patrocinios en la realización de esas iniciativas” y añade que “ninguno de estos gastos tomaron la forma de compensación directa o indirecta, en dinero o especie, al juez Garzón, o a su familia”.

También explica que los términos de la remuneración que recibió Garzón durante su titularidad de la cátedra Rey Juan Carlos I de España no guardan relación alguna con los patrocinios del Banco Santander.

“Esos términos se habían acordado antes de la existencia de los patrocinios, y no hubo ningún cambio ni en la cantidad ni en el carácter de su compensación tras la concesión de los mismos”, concluye la misiva, fechada el pasado 15 de febrero y firmada por el ex director del centro James D. Fernández, y por su actual responsable, Jo Labanyi.

En su escrito, Martínez-Fresneda señala que su representado no solicitó dinero alguno, sino que fue el citado Centro el que lo hizo, “con independencia de que mi mandante sí que mantuviera contactos con los patrocinadores en el contexto de la preparación de aquellos coloquios así como, ciertamente, para agradecer su patrocinio”.

Añade además que la relación entre el Santander y la Universidad neoyorquina “continúa en la actualidad, sin tener nada que ver con mi mandante y por unas cantidades mucho mayores que las comprometidas en aquellos coloquios de 2005 y 2006”.

También pide al instructor de la causa, el magistrado Manuel Marchena, que acuerde la traducción de todos aquellos documentos obrantes en las actuaciones que se encuentren redactados en lengua extranjera.