Las autoridades ucranianas y la sociedad civil han denunciado la condena este mes a largas penas de cárcel de tres militares ucranianos que habían sido capturados en “juicios-farsa” celebrados en los tribunales ilegítimos de la autoproclamada república de Lugansk, en la Ucrania ocupada.

Los tres soldados ucranianos, entre los que se cuenta el conocido activista por los derechos humanos y periodista enrolado en el ejército Maksim Butkevich, fueron sentenciados a penas que van de los 8,5 a los 18,5 años de prisión por “crímenes contra civiles” supuestamente cometidos durante la guerra.

“Ni Ucrania ni la comunidad internacional civilizada reconocen estos procesos”, explicó Olha Reshetylova, coordinadora de la Media Initiative for Human Rights (MIHR), en una rueda de prensa celebrada en Kiev este lunes.

La oenegé de Reshetylova es una de las 53 entidades ucranianas e internacionales que, junto a muchas otras personalidades, han firmado una petición exigiendo la liberación de los tres soldados.

“UN CRIMEN DE GUERRA EN SÍ MISMAS”

“Estas condenas son un crimen de guerra en sí mismas”, señaló el abogado del MIHR Andrii Yakovliev, que denunció que juzgar a los prisioneros de guerra en tribunales no reconocidos por la comunidad internacional vulnera todas las provisiones de la Convención de Ginebra sobre el tratamiento a los presos.

Además de la falta de legitimidad de este tribunal establecido por las autoridades de las milicias apoyadas por Moscú que en 2014 declararon la independencia de parte de las provincias de Lugansk y de Donetsk, en el este de Ucrania, los activistas ucranianos por los derechos humanos denuncian la completa falsedad de los cargos.

La autodenominada Corte Suprema de la República Popular de Lugansk, en una de las cuatro zonas de Ucrania que Rusia declaró como parte de su territorio en septiembre del año pasado, condenó a Butkevich, el activista por los derechos humanos, por disparar con un lanzagranadas contra un edificio residencial en Severodonetsk.

Sin embargo, denuncian las oenegés ucranianas, la unidad de Butkevich, conocida como “Berlingo”, nunca estuvo desplegada en esta localidad de la provincia de Lugansk capturada por las fuerzas rusas en junio de 2022, y la única prueba condenatoria fue la propia confesión del acusado.

“No podemos saber si lo hicieron voluntariamente, y tenemos fundamentos para decir que fueron torturados y obligados a hacer esas confesiones”, dijo Yakovliev.

CÓMO FUNCIONA LA JUSTICIA EN DONETSK Y LUGANSK

Otro de los implicados en denunciar el atropello cometido con los tres combatientes ucranianos es el también militar Bohdan Pantyushenko, que fue capturado en 2015 en la parte de la provincia de Donetsk controlada por los separatistas prorrusos mientras combatía con el Ejército ucraniano para recuperar ese territorio.

“Al principio ni siquiera tenían un poder centralizado”, dice Pantyushenko, que pasó cinco años encarcelado por los prorrusos en Donetsk. “Había varias unidades diferentes que actuaban a su antojo y cada uno hacía lo que quería con sus prisioneros, incluso los intercambiaba negociando directamente con nuestros comandantes”, cuenta Pantyushenko.

Una vez centralizaron el mando, agrega, los prisioneros de guerra empezaron a ser acusados sistemáticamente de terrorismo y crímenes de guerra, interrogados y encarcelados en centros de detención.

VÍDEOS DE CONFESIONES

En ocasiones, explica Pantyushenko, algunos detenidos eran trasladados al centro de la ciudad de Donetsk para grabar confesiones en vídeo que después eran transmitidas por internet y televisión como pruebas de las atrocidades que el ejército ucraniano habría cometido en el Donbás.

“Te sacan la confesión a base de palizas; firmas cualquier cosa que te digan que firmes”, dice Pantyushenko sobre lo que suele ocurrir a los capturados en manos de las autoridades sometidas a Moscú.

Él mismo fue condenado por terrorismo a 18 años de cárcel como culpable de hechos totalmente fabulados por el investigador, que “era más bien un escritor”, dice.

Pantyushenko fue liberado en un intercambio de prisioneros en 2019. Los activistas ucranianos pro derechos humanos esperan que Maksim Butkevich, Víktor Pokhozey y Vladislav Shel, los tres soldados ucranianos sentenciados este mes en Lugansk, no hayan de esperar otros cinco años para volver a casa con sus familias.