La Audiencia Nacional ha confirmado que es competente para juzgar a los dos presuntos piratas detenidos a raíz del secuestro del atunero vasco Alakrana, después de que su abogado solicitara que fueran enjuiciados en Kenya en virtud de los acuerdos de la operación Atalanta de la Unión Europea.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal desestima así, en un auto notificado y contra el que no cabe recurso, la solicitud de Andreas Chalaris, abogado defensor de los dos piratas somalís, Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, detenidos al día siguiente del apresamiento del buque, que se produjo el 2 de octubre de 2009 y que fue liberado 47 días después.

El tribunal –compuesto por las magistradas Angela Murillo (presidenta), Teresa Palacios y Carmen Paloma González– sostiene que “la jurisdicción española viene dada” porque los hechos ocurrieron “a bordo de un buque español”, supuesto que contempla el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Circunstancia que está también respaldada, añade, por “tratados internacionales suscritos por España para la comisión de este tipo de infracciones” como el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y el artículo 105 de la Convención sobre el Derecho del Mar.

Este último artículo, según explica la resolución, “faculta a todo Estado a perseguir y apresar, en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de otro Estado, a un buque pirata o capturado por piratas (...) atribuyendo a la jurisdicción nacional sobre sus posibles autores caso de ser detenidos.

En la vista celebrada para dirimir esta cuestión, el abogado Andrea Chalaris llegó a pedir el indulto para sus clientes –para los que el fiscal pide 220 años de cárcel–, a pesar de no haber sido todavía juzgados, e invocó para ello un supuesto acuerdo entre los secuestradores y el Gobierno español para la liberación del atunero.

Reclamó en ese sentido la desclasificación de documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, a su juicio, demostrarían la existencia de ese acuerdo en cuyo marco también, dijo, se habría fijado el precio del rescate supuestamente pagado a los piratas por el Gobierno.

Sin embargo, cuando el letrado hizo alusión al pago de ese rescate, y que el gobierno siempre ha negado, la presidenta del tribunal cortó su intervención y le recordó que la vista no era para “hablar de rescate” sino de la jurisdicción española, asunto al que se ha limitado el auto.