La investigación, que sigue abierta, trata ahora de determinar si las grandes superficies que vendían los productos al consumidor final eran conocedoras del fraude que cometían las empresas que le servían la mercancía.
Se calcula que la red ha podido mover casi 200 millones de euros en artículos electrónicos, de los que se ahorraba el 16% de IVA, por lo que era capaz de ofrecer la mercancía por debajo del precio habitual de mercado.
Para eludir al fisco, la organización utilizaba una veintena de empresas pantalla, que dejaron de pagar sus impuestos durante los ejercicios fiscales de 2005 a 2009.
La red compraba aparatos electrónicos de gama media, como pantallas planas o equipos de música, en otros países de la Unión Europea, y se beneficiaba de la legislación comunitaria para no abonar el IVA en origen.
Entre medias, la mercancía cambiaba varias veces de manos a través de empresas tapadera administradas por testaferros a sueldo, y que eran las encargadas de eludir el pago del IVA.
Finalmente, los artículos llegaban a España y eran distribuidos por una empresa perfectamente legal, propiedad del 'cerebro' de la trama, que era la que vendía los productos a varias cadenas de grandes superficies con tiendas en todo el territorio nacional.
En la operación se ha detenido a un total de catorce personas en Madrid capital y Pozuelo de Alarcón, Marbella y Alhaurín de la Torre (Málaga), Guadalajara, Alicante, Alfaz del Pi (Alicante), Barcelona y Viladecans (Barcelona).
La mayoría de los catorce detenidos y siete imputados en la operación son los testaferros de las empresas pantalla, personas sin medios económicos, que accedían a aparecer como administradores de las sociedades.
