Según el auto notificado ayer por la Sala del 61 del Alto Tribunal, ha quedado probado el “intento de fraude” de ETA y Batasuna para volver a las instituciones “instrumentalizando” a la nueva formación abertzale, Sortu, “con el fin de aprovechar los beneficios de todo tipo que proporciona a ésta la legalidad vigente”, situación que el Poder Judicial “no puede permitir”.
La consideración de Sortu como una “amenaza objetiva y grave” no es, sin embargo, argumento suficiente para prohibir su inscripción según siete de los dieciséis magistrados de la sala, que sostienen que “resulta obligado” permitir la actividad política de la nueva marca abertzale si no se demuestra su connivencia con el terrorismo y que no cabe su “ilegalización preventiva”.
En un voto particular hecho público también ayer, la minoría discrepante hace hincapié en que, según la Ley de Partidos Políticos y la interpretación que de ésta hace el Tribunal Constitucional, “sólo cabe ilegalizar un partido sobre la base de sus actividades o conductas y por tanto solamente cuando éstas se hayan producido”.
Para la mayoría, que basa sus conclusiones en documentos intervenidos a ETA y a Batasuna, la condena de la violencia por parte de Sortu, incluida la de ETA, y la presentación de unos estatutos en los que se afirma su compromiso con los valores democráticos constituyen “un engaño diseñado y ejecutado por ETA-Batasuna” para burlar la legalización de esta última.
Los firmantes del voto particular creen que de la lectura de los estatutos de Sortu sólo puede concluirse que su rechazo del terrorismo es “firme e inequívoco”, que declara la ruptura con la ilegalizada Batasuna.
