Los jueces de Madrid convocaron hoy por "amplía mayoría" una jornada de huelga para el próximo 18 de febrero como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y no perder la agenda de los señalamientos.

No obstante, la jornada queda a expensas del resultado de la reunión que se celebrará el próximo lunes entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Mariano Fernández Bermejo para analizar las demandas de la carrera judicial. Si las negociaciones resultan infructuosas, la huelga del 18-F constituirá una jornada histórica para la Justicia española. Será la primera vez que los jueces secunden una huelga.

La propuesta de huelga, que se debatió en la Junta de Jueces celebrada a lo largo de la mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla, salió adelante con 103 votos a favor, 18 en contra y 3 en blanco. La reunión contó con una masiva afluencia, entre votos delegados y presentes en torno a los 204, con la ausencia de 66 magistrados.

Para la decisión final, la Junta constituyó una Asamblea en la que sólo los jueces presentes, 140, pudieron emitir su voto de manera individual. Los asistentes a la reunión de Plaza de Castilla eran los jueces de los órganos unipersonales del partido judicial de Madrid.

De este modo, la judicatura madrileña se distanció de la propuesta de las asociaciones judiciales que optaban por paros. Estimaron que la previsión de huelga para el próximo 26 de junio era una opción con "un plazo lejano" de cara a utilizarla como "medida de presión" ante Justicia y el órgano de gobierno de los jueces.

Se suman así a las movilizaciones acordadas por los jueces de Barcelona, Murcia, Castellón, Extremadura y Zamora. Todos ellos han respaldado las medidas de presión acordadas por las cuatro asociaciones judiciales, que se desarrollarán a resultas de la reunión con el Ministerio de Bermejo.

DEMANDAS APROBADAS

Al término de la votación, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, informó de que la Junta aprobó por unanimidad reclamar un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales. Esta última cuestión, según Armengol, "merece en sí mismo una huelga".

En materia retributiva, el juez decano recalcó que se tiene que cumplir "íntegramente" las previsiones que marca la Ley de Retribuciones ya aprobada. Sobre el incremento de la plantilla, estimó que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales, ahora hay 4.400, con jueces profesionales, con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.

Entre las cuestiones debatidas, también se habló de la instauración de la nueva oficina judicial, pendiente de desarrollo desde 2003. Los jueces creen necesario que se debe de implantar a finales de 2009 o principios de 2010.

"SITUACIÓN NEFASTA"

Al concluir la Junta, los asistentes abandonaron el salón de actos de los Juzgados de Plaza de Castilla satisfechos con el resultado de la votación, que acabó en aplausos. "La situación es nefasta por el exceso de responsabilidad que asumimos", se quejó a Europa Press el juez José María Pereda, al frente del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid.

"Justicia y el CGPJ hacen oídos sordos a nuestras reivindicaciones", denunció. "El Ministerio de Justicia tiene que mover ficha. Y si no...", comentó otro de los magistrados que asistió a la Junta. "Esto no puede seguir así", añadió otro juez.

Por su parte, los magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid decidirán en las próximas horas si apoyan la huelga de sus compañeros. Los que optaron por no debatir el asunto han sido los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

MOVILIZACIONES, A TRAVÉS DE INTERNET

Centenares de jueces de toda España llevan desde los últimos meses comunicándose entre sí por medio de sus canales internos en Internet respecto a la posibilidad de llevar a cabo medidas de protesta, tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez Rafael Tirado, el magistrado que permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado.

Las cuatro asociaciones de jueces españolas --Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-- acordaron la pasada semana proponer la realización de protestas aún por definir, aunque serán de baja intensidad del tipo de concentración o manifestación pública con el fin de hacer público su "malestar" "hartazgo" por la falta de medios.

Con esta iniciativa, pretendían evitar que el próximo 18 de febrero los jueces españoles vayan a la huelga. Consideraban que antes de llegar a una medida tan extrema como la huelga, que sería la primera que celebran los jueces de la historia, debe darse una oportunidad al Ministerio de Justicia y al Consejo para que avancen en un plan de mejora y modernización de la Administración de Justicia. Si estos avances no se producen, propondrían ir a la huelga el próximo 26 de junio.

Estas reivindicaciones pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.