El coordinador general de IU, Cayo Lara, aseguró que la movilización “es el único camino” que hay para conseguir que haya un cambio en la política que permita paliar los efectos de la crisis económica o que se produzca “un cambio de Gobierno”. 

“La calle y la movilización nos están esperando”, subrayó Cayo Lara ante los delegados del Consejo Político de IU, el primero que se reúne después de que él fuera ratificado coordinador general en el anterior Consejo, que se celebró el pasado 14 de diciembre. 

Insistió durante su intervención en que la coalición tiene que contribuir a cambiar este modelo de “neoliberalismo salvaje” y lo hizo después de hacer un repaso a la situación económica actual, sumida en una grave crisis, señaló y “más aguda aquí” que en el resto de Europa, según explicó, a causa del modelo productivo español. 

Este modelo de desarrollo, apuntó el líder de IU, se ha sustentado en la construcción, hasta el punto de que se llegaron a edificar 800.000 viviendas al año, de acuerdo con sus datos, la privatización de empresas, en tasas de temporalidad del 31%, en una “débil” protección social y que los beneficios de las empresas hayan triplicado los salarios, entre otros motivos. 

Todos estos elementos han provocado que la crisis sea en España “más profunda” y que, además, se agrave aún más, en su opinión, por otros factores como el hecho de que “el dinero de los bancos” no llegue a las pymes ni a las familias y ello porque el Gobierno “se ha puesto de rodillas ante la banca”. 

Lara comenzó su turno de palabra, que duró unos quince minutos, con el compromiso, según señaló, cumplido, de ser el coordinador “de todos, y todos somos gobierno” en IU. 

A continuación, el responsable de Economía y Trabajo de la formación, José Antonio García Rubio, presentó a los delegados el plan de IU de reactivación económica y del empleo, que contempla una partida de 3.000 millones de euros para subvencionar los intereses de los créditos a corto plazo que tengan que suscribir las pymes con problemas de liquidez, con la exigencia de que no despidan a sus empleados. 

Esta medida, concretó, tendría un coste de unos 62.000 millones de euros y con el que se pretende que en tres años el desempleo se sitúe a los niveles de enero de 2008.