Al menos siete personas han resultado heridas y otras 84 han sido detenidas este jueves en el marco de los enfrentamientos registrados en la ciudad brasileña de Fortaleza, junto al estadio que ha acogido la segunda semifinal de la Copa Confederaciones (España-Italia), según ha informado el diario brasileño 'O'Globo'.
Unas 5.000 personas han respondido al llamamiento de los movimientos sociales y se han concentrado en Fortaleza para reclamar al Gobierno mayores inversiones en servicios públicos básicos.
Los choques comenzaron después de que grupos de manifestantes atacasen a los agentes con piedras y artefactos incendiarios e intentasen derribar una de las barreras levantadas por la Policía Militar, que durante todo el día ha protegido las inmediaciones del estadio Arena Castelao. Los policías han respondido lanzando pelotas de goma y gases lacrimógenos.
Las protestas antigubernamentales comenzaron el pasado 6 de junio de forma pacífica en Sao Paulo por la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales, pero que una semana después se tornaron violentas por la represión de la Policía Militar.
Entonces, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades para protestar, ya no solo por estas tarifas, sino también por los efectos sobre la Hacienda Pública de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 y por los deficientes servicios públicos.
En respuesta, al menos once ciudades, incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, accedieron a cancelar el aumento del precio del transporte público o a aplicar una reducción, según los casos, pero no han conseguido calmar las calles.
Millones de personas han seguido con las manifestaciones en las grandes ciudades, dejando un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos. Además, ha habido graves disturbios, como los intentos de asalto al Congreso, al Ministerio de Exteriores y a ayuntamientos.
En este contexto, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha propuesto la celebración de un referéndum que siente las bases de una reforma constitucional en la que se planteen, entre otras cuestiones, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la corrupción.
Los principales partidos políticos de la oposición brasileña han rechazado este plan al considerar que se salta al Congreso, ya que posee la competencia exclusiva para convocar un plebiscito y reformar la Constutición, y han presentado su propia 'hoja de ruta'.
